La construcción de una pasarela peatonal sobre la carretera Nacional 352 a la altura de la barriada de Miramar depende de la Dirección General de Costas, ya que en el caso de que se decidiera instalar esta infraestructura debería disponer de un título administrativo de ocupación del dominio público marítimo terrestre. Así lo ha explicado a El Faro el director del área de Fomento de la Delegación del Gobierno, Bharat Bhagwandas, quien subraya que es Costas las que finalmente debe o no autorizar su colocación.
La colocación de un paso peatonal y elevado sobre esta carretera nacional ha sido tradicionalmente demandada por los vecinos y más aún tras el atropello de la niña Jennifer Alarcón, de seis años, el pasado verano en un paso de peatones. Los vecinos consideran que esta pasarela, similar a la que ya existe hace al menos diez años en la zona de Juan XXIII, garantizaría y evitaría accidentes, sobre todo por la velocidad que en algunos casos alcanzan los vehículos que transitan por esta vía, pese a que existe una limitación a 30 kilómetros por hora. El estudio acerca de la viabilidad técnica y financiera de esta instalación está incluido en un estudio que está elaborando la Demarcación de Carreteras.
La Ley de Costas establece que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
Toda ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables, como en este caso, y toda ocupación con instalaciones desmontables que, por su naturaleza, finalidad u otras circunstancias, requieran un plazo de duración superior a un año, estarán sujetas a previa concesión otorgada por la Administración del Estado a través en este caso del organismo correspondiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Polémica por los títulosPrecisamente en estas últimas semanas la disponibilidad de estos títulos de ocupación del dominio público marítimo ha generado cierta polémica en Ceuta después de que la Delegación del Gobierno, precisamente a través del área de Fomento, haya abierto expedientes a una quincena de vecinos de Benzú que viven en el borde marítimo. En este sentido, el director de Fomento explica que esa investigación que se ha iniciado para localizar si las ocupaciones del borde costero están o no autorizadas se extenderá a otras zonas de la ciudad, con viviendas y edificaciones en el borde marítimo, como por ejemplo, la de San Amaro.