El Gobierno ha tardado en responder un año y cuatro meses a una pregunta de la senadora Luz Elena Sanín. Un error en el escrito ha motivado que se dé respuesta a una situación inexistente. Esta es la historia.
Cuando en verano de 2008 la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se decidía a denunciar las palizas que los agentes marroquíes daban a los subsaharianos cuando éstos eran retornados al vecino país, nada hacía pensar que la historia terminaría dando forma a una pregunta parlamentaria y a una posterior equivocación. Así ha sido y un año y cuatro meses después de que la senadora popular Luz Elena Sanín preguntara sobre estos hechos a la Cámara, se ha cursado una respuesta en la que los subsaharianos son confundidos con saharauis y en la que la problemática que originalmente denunciaran los guardias civiles ha quedado completamente desvirtuada.
Así comienza la historia de una pregunta trampa que inicia la ristra de errores cuando en noviembre de 2008, en el texto presentado por la senadora, se altera el término subsahariano por el de saharaui. Así se pide al Gobierno que dé explicaciones sobre las medidas que se han adoptado para controlar la vulneración de los derechos humanos que están cometiendo los agentes marroquíes con los saharauis cuando éstos son retornados por la Benemérita ceutí.
Lejos de comprobarse el error, ya que las palizas físicas eran dadas a subsaharianos y las mismas fueron trasladadas a la AUGC por guardias del Servicio Marítimo, la pregunta sigue su curso y llega, por los canales oficiales, al Gobierno.
Es aquí donde se produce el siguiente error. Lejos de comprobarse que los matices son relevantes y que en la pregunta de marras se ha desviado el objeto de análisis, el Ejecutivo no duda en dar por válidos los hechos cuestionados y en responder a una falsedad. Lo hace 16 meses después argumentando que “la resolución del contencioso del Sahara Occidental en el marco de Naciones Unidas es el mejor medio para preservar el respeto de los derechos y el bienestar de todos los pueblos de la región. Por ello”, indican, “España desempeña un papel activo y de protagonismo en la resolución del contencioso saharaui. Este Gobierno es consciente del sufrimiento de la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf y por ello ha hecho un esfuerzo notable que ha contribuido a que España se sitúe actualmente como el principal donante de ayuda oficial al desarrollo”.
Con esta lectura de los hechos se da por cerrada una historia en la que la violación de derechos humanos se pone de manifiesto al igual que la incapacidad de la clase política por detectar errores en los que, curiosamente, han incurrido los dos partidos nacionales de mayor peso. Mientras la denuncia de AUGC ha servido únicamente para engordar la lista de injusticias que engrosan las hemerotecas relativas a la inmigración clandestina.