La Policía Judicial de la Guardia Civil ha dado por finalizada la denominada ‘Operación Orza’ con la que se ha perseguido el fraude en la obtención de títulos de navegación. Es ahora cuando el Instituto Armado ha informado a los medios del resultado final de una investigación que comenzó en marzo y de cuyos principales avances ya informaba El Faro el pasado mes de octubre.
Pues bien. En total han sido 7 las personas detenidas (relacionadas con empresas náuticas de la península) pero 159 las imputadas. Todas ellas deben responder de un presunto delito de falsificación de documento público ante el juzgado número 2 de Algeciras que es el que ha llevado el caso.
Explica la Benemérita que desde hace tiempo habían estado detectando la existencia de un fraude ya que las prácticas de navegación y radio requeridas para la obtención de las titulaciones náuticas deportivas (Patrón de Navegación Básica, Patrón de Embarcaciones de Recreo, Patrón de Yate y Capitán de Yate) se estaban certificando de forma ilegal. Y es que dichas prácticas deben ser presenciales, es decir, las personas que querían sacarse la titulación tenían que marchar a Algeciras al haber optado por sacarse el título en la península y no en Ceuta.
La Guardia Civil se dio cuenta de que se les hacía las certificaciones de forma irregular. Con la obtención de los citados títulos, se obtenía la habilitación para patronear embarcaciones de hasta 25 metros en el caso de la titulación de capitán de yate poniendo en riesgo la seguridad de las personas que comparten el espacio marítimo porque en el fondo no estaban preparados para ello.
Las primeras pesquisas policiales pusieron de manifiesto el traslado de un gran número de personas residentes en Ceuta hasta la localidad de Algeciras para la realización de las prácticas de navegación y radio, pero tras ulteriores gestiones realizadas se pudo constatar que las embarcaciones no llegaban a zarpar del puerto donde se encontraban atracadas y cómo había determinadas personas que no habían salido de Ceuta para la realización de las citadas practicas.
Todo era un fraude pero con peligro, porque se estaba garantizando la asimilación de conocimientos obligados a personas que iban a recibir la titulación sin saber siquiera manejar las embarcaciones puesto que no habían cumplido con dichas prácticas.
Durante la fase de análisis de la investigación, los agentes de la Judicial han estudiado certificados de más de 700 personas, requiriendo para ello los libros de las náuticas implicadas, lo que ha supuesto el cotejo de más de 2.000 horas de prácticas efectuadas así como otros trámites administrativos necesarios para la expedición de los correspondientes títulos. Una labor de ratón de biblioteca que ha terminado con una práctica que podía conllevar cuantiosos riesgos en el ámbito de la navegación.
Las náuticas emisoras cobraban alrededor de 300 euros por la certificación correspondiente, lo que generaba una competencia desleal entre el resto de náuticas del sector y han causado grave daño a las que funcionan en Ceuta.
La Unidad de la Policía Judicial ha investigado un total de cuatro empresas que contaban con 6 moto-veleros para la realización de las citadas prácticas. Se continúan las gestiones no descartándose la implicación de un mayor número de empresas en otros puntos del país.
Los imputados no han obtenido por los cauces adecuados la titulación ya que las certificaciones fraudulentas venían a demostrar que se habían cumplido con las prácticas de navegación que obligan la asistencia física en el lugar de España en el que se quieran hacer y con las de radio que se tienen que desarrollar en un simulador, con lo que exigen, de forma obligada, la presencia física siendo todo esto incierto.
El origen de las investigaciones en torno a este caso
Entre los meses de abril y julio, hubo en Ceuta más de 200 aprobados para la obtención del título para patronear embarcaciones. De todos ellos, poco menos de 50 personas hicieron la fase práctica en la ciudad. El resto, a pesar de que en Ceuta funcionan varias academias, optaron por cumplir con esa fase en la península. Esto fue lo que levantó las primeras sospechas que condujeron a la apertura de esta investigación. ¿Y quiénes eran los que hacían estas prácticas? Personas con oficios muy dispares, entre los que hay militares, policías locales, nacionales e incluso guardias civiles y otra clase de funcionarios.
