Soluciones de república bananera. Esas son las que se han adoptado para terminar con la inseguridad existente en el puerto deportivo al convertir a los guardias civiles en una especie de seguridad privada. Desde hace una semana existe la orden de la cúpula del Instituto Armado de dedicar a una patrulla de la unidad rural a vigilar las 24 horas el puerto, explotado por la empresa privada Mahersa. Así que agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están patrullando para garantizar que el puerto deportivo sea seguro, mientras que tanto la Autoridad Portuaria como la propia empresa explotadora se lavan las manos.
¿A quién compete la seguridad de los pantalanes? Los usuarios del puerto deportivo pagan su factura por tener allí el barco. En dicha factura se cobra un dinero por seguridad, pero siempre que se produce un robo (y ya han sido varios los casos) la empresa se lava las manos diciendo que la vigilancia no es de su competencia.
Durante años ha habido una lucha entre usuarios, empresa explotadora y puerto. Pero es ahora cuando a los mandos de la Guardia Civil se les ha encendido la bombilla optando por utilizar una patrulla para mantener una seguridad privada. Decisión cuando menos curiosa después de que la propia Benemérita criticara que no podía utilizar a sus agentes para vigilar la planta de residuos del Hacho en plena efervescencia de escapadas de inmigrantes. ¿La excusa? Argumentaban que era una propiedad privada. Ahora las tornas cambian.
Lo curioso es que los pantalanes del puerto deportivo carecen de infraestructura protectora alguna. Así que da igual los agentes que controlen si se facilita el acceso a los amigos de lo ajeno. Los barcos están pegados al cantil del muelle desde donde es muy fácil la entrada. Los usuarios han reclamado que las rejas existentes se alarguen unos diez metros más a cada lado de la puerta, para cubrir todo el costado del muelle y favorecer que exista algún obstáculo. “Eso de poner a la Guardia Civil a patrullar el puerto deportivo me parece desproporcionado, matar moscas a cañonazos”, indica uno de los usuarios.
La seguridad que compete a Mahersa como concesionaria termina siendo ejercida por la Guardia Civil y la Autoridad Portuaria que es quien debe controlar que los adjudicatarios cumplan sus obligaciones descansa sus competencias en los ‘favores’ prestados por el Instituto Armado.
