Erradicar las obras ilegales es todo un reto. No de este Gobierno, sino también de todos los que le precedieron. La disciplina urbanística es, desde hace mucho tiempo, la gran asignatura pendiente de Ceuta, una ciudad que cuenta por decenas las construcciones edificadas al margen de la ley, en situación absolutamente irregular y donde entre la población ha calado la sensación de que en este ámbito se actúa con absoluta impunidad.
Incluso la actual consejera de Hacienda cuando ocupaba la de Fomento, en la legislatura anterior, llegó a reconocer que la administración carecía de medios ágiles para poner freno a esta situación.
Será por eso que cuando se inició esta nueva etapa, el control sobre las obras irregulares se convirtió en una prioridad. De momento parece que esa declaración de intenciones está dando sus frutos. Son ya 56 las construcciones ilegales que se han paralizado o al menos se ha intentado que no continúen, pese a que en algunos casos parece una misión imposible por el escaso respeto que durante muchos años se ha tenido a la norma urbanística. Y eso es lo que hay que lamentar, que pese a las denuncias, incluso reiteradas, las visitas de los funcionarios de Fomento y de la Policía Local, las obras ilegales sigan proliferando a mucha más velocidad que armas tiene la administración para combatirlas.
El consejero de Presidencia y Gobernación suele lanzar advertencias, cada vez que tiene la oportunidad, de las consecuencias que tiene este tipo de actuaciones. Asegura Hachuel que al final todo terminará demolido y sus responsables con multas importantes. Pero lo cierto es que si sigue ocurriendo será porque no está resultando tan fácil.
