Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) del decreto de servicios mínimos firmado por el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, desde la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT quieren mostrar su "total apoyo y solidaridad" a todos los trabajadores del sector y en especial a los compañeros que constituyen el Comité de Huelga "por las justísimas reivindicaciones que plantean y que, entendemos, deben ser atendidas por las diversas empresas del sector".
Esta federación ugetista entiende que "desde luego el Gobierno de la Ciudad no puede aumentar sus exigencias mientras disminuye lo que abona por el servicio. Ello está redundando en una disminución de la plantilla a la que se le obliga a prestar más servicios, mientras se mantienen congeladas sus retribuciones".
En segundo lugar, la FSP-UGT muestra su indignación por el "bochornoso decreto firmado por el señor Carreira, en el que se miente de forma descarada y se vulneran los más elementales derechos sindicales, así como la legislación vigente, pese a la reaccionaria reforma laboral".
"No se puede faltar a la verdad de forma más patente y grosera, manifestando que no se ha llegado a ningún acuerdo entre Trace y su Comité de Empresa. Porque, para empezar, ni Trace ni su Comité de Empresa son los actores que deben negociar los servicios mínimos. Se trata de una convocatoria que afecta a todo el sector y, por tanto, deben ser las empresas del sector y los sindicatos convocantes los que deben sentarse a negociar dichos servicios mínimos. Pero es que, además, es radicalmente falso que Trace y el Comité hayan negociado y no hayan llegado a un acuerdo. El Comité en ningún caso ha sido convocado por la empresa para negociarlos", indica.
UGT asegura que ya ha puesto en manos de sus servicios jurídicos el decreto de Carreira "para que el juzgado correspondiente lo revoque ipso facto. No solo por vulnerar el principio de negociación, sino porque, además, los servicios mínimos decretados constituyen un claro abuso de autoridad sobre el legítimo y constitucional derecho de huelga. Derecho que ha sido atacado de forma despiadada por la Administración del Partido Popular, no solo con la reforma laboral, sino también con la ley mordaza, que tiene sometidos a juicio y con elevadas penas de cárcel a más de trescientos compañeros por ejercer un derecho constitucional, mientras que otros saquean las arcas públicas y los bolsillos de los ciudadanos y se pasean por las calles tan ricamente, dando lecciones de moralidad", concluye el comunicado.
