En la Memoria de la Fiscalía publicada con motivo de la apertura del año judicial se hace hincapié en los problemas derivados de la determinación de edad cuando los propios menores niegan serlo para ingresar en el CETI, lo que les garantiza un traslado más rápido
La Memoria de la Fiscalía, hecha pública con motivo de la apertura del año judicial, recoge en un apartado específico la situación de los menores extranjeros no acompañados aludiendo a las ciudades de Ceuta y Melilla. Se habla de datos, de pruebas de determinación de edad y de situación real, aunque también se recoge y se reconoce lo “imposible de saber cuántos MENA se han introducido en la península a través de las fronteras de Ceuta, Melilla a Algeciras de manera oculta o clandestina”, se expone en la memoria.
A fecha de 31 de diciembre de 2016, figuraban inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados un total de 3.997 niños que se encuentran sometidos a tutela o acogimiento por los servicios de protección (527 niñas y 3.470 niños). “Se ha producido un incremento del 19,63% respecto del año anterior en el que estaban registrados 3.341 menores. La mayoría son marroquíes (2.620) seguidos a mucha distancia por argelinos (220), siendo significativo que 160 son nacionales de estados miembros de la Unión Europea”, puntualiza.
Andalucía protege a 1.072 menores; Melilla a 999; el País Vasco a 404; Cataluña a 387; Madrid a 293; Ceuta a 246 (aunque los últimos datos oficiales rebajan esa presión a cien); la Comunidad Valenciana a 169; Canarias a 104; Murcia a 86; Asturias a 39; Castilla y León a 40; Castilla-La Mancha a 39; Galicia a 44; Cantabria a 16; Extremadura a 12; Aragón a 12; Baleares a 11; Navarra a 19 y La Rioja a 5. Consta que han abandonado voluntariamente los servicios de protección (figuran en fuga) un total de 825 menores (55 niñas y 770 niños) de los que se ignora su paradero actual. De ellos 331 estaban en Andalucía, 9 en Aragón, 3 en Asturias, 4 en Canarias, 11 en Cantabria, 10 en Castilla-La Mancha, 8 en Castilla-León, 21 en Cataluña, 66 en Ceuta, 35 en la Comunidad Valenciana, 1 en Extremadura, 1 en Baleares, 11 en Madrid, 55 en Murcia, 3 en Navarra, 230 en el País Vasco y 26 en Melilla.
En datos judiciales, la Memoria recoge que durante 2016 se ha incoado un total de 2.971 diligencias preprocesales de determinación de edad, 432 más que en 2015 (17,01%) y 928 más que en 2014 (45,42%). Se ha reducido considerablemente (40,97%) el número de archivos de expedientes sin haberse realizado prueba médica, normalmente por la incomparecencia del afectado a su práctica. Melilla concentra el mayor número de diligencias realizadas en España (20,19%) seguida por Almería (17,43%), Barcelona (17,03%), Algeciras (14,03%), Ceuta (10,29%), Murcia (5,89%), el País Vasco (3,76%), Las Palmas (3,02%) y Madrid (2,99%). “Los resultados de las pruebas practicadas no son uniformes: mientras en Algeciras (77,53%), Valencia (75,36%), Almería (60,42%), Granada (60,24%) y Las Palmas (59,25%) han prevalecido los decretos de mayoría de edad; en Alicante (76,92%), Barcelona (73,47%), Málaga (67,01%), Álava (60,41%), Madrid (60,46%), Melilla (57,81%) y Ceuta (59%) se han decretado un mayor número de minorías de edad”, añade.
La determinación de edad choca en ocasiones con los antecedentes reales de esos menores, ya que no cuadran los datos con la realidad. Durante el año 2016 se produjeron situaciones conflictivas en relación con la valoración de documentación extranjera que contradice los resultados de las pruebas médicas practicadas. “Esta problemática, aunque cuantitativamente afecte a un número limitado de expedientes, es de tal entidad cualitativa que ha determinado que deba ser analizada en profundidad en jornadas específicas”, se denuncia en la memoria.
Es aquí donde Ceuta cobra un papel relevante, ya que muchos menores niegan su condición para intentar salir antes a la península, infiltrándose entre los adultos del CETI. “Muchos de los presuntos menores cuando son localizados se declaran mayores de edad y se niegan someterse a ninguna prueba médica. La Fiscalía de Ceuta llama la atención de que lo hacen con el solo propósito de ser admitidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de ese modo trasladarse a la península, cosa que no lograrían si son acogidos por los servicios de protección de la Ciudad Autónoma de Ceuta”, se expone.
La Fiscalía ha optado por introducir un fundamento jurídico en el decreto de archivo del expediente de determinación de la edad en el que expresamente se recoge que en casos de este tipo “no podemos considerar como indicio suficiente para decretar la mayoría de edad la mera manifestación del interesado pues, en primer lugar la apariencia externa es la de un menor de edad y por otra parte es sabido que los menores subsaharianos que llegan hasta Ceuta suelen afirmar ser mayores de edad con el objeto de conseguir su admisión en el CETI y una vez allí obtener con mayor facilidad el traslado a la península que es su finalidad primordial. Habida cuenta la negativa prestada, que puede ser fraudulenta, no procede resolver sobre la edad del menor”, se señala en la memoria.
Los problemas del propio funcionamiento del sistema judicial también son recogidos en este resumen, poniéndose de manifiesto las incidencias que se han producido con el sistema LexNet y el expediente judicial. “Con carácter general las Secciones de Menores siguen al margen del sistema de comunicaciones telemáticas Lexnet. En los Juzgados de Menores donde sí está implantado Lexnet por algunos Delegados se observan disfunciones bien por la lentitud del sistema que se bloquea (Salamanca), o por errores técnicos o de desconocimiento que hacen pensar en la necesidad de un mejor desarrollo del mismo (Tenerife), lo que conlleva que las notificaciones se sigan haciendo por escrito (Ceuta), o que se mantenga un doble sistema de notificación (Tenerife)”, concluyen.