La Fiscalía de Menores de la ciudad autónoma no ha apreciado una situación de “riesgo inmediato” en los niños más pequeños que permanecen acampados junto a sus progenitores desde la semana pasada en la Plaza de los Reyes reclamando que se agilice la tramitación de los expedientes sobre su situación administrativa en España para cruzar el Estrecho y llegar a la Península.
Después de que el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, asegurase anteayer estar “profundamente preocupado” por ese colectivo, fuentes del Ministerio Público advirtieron ayer de que no han encontrado a los pequeños en una situación sanitaria o alimenticia de extrema necesidad y han recordado que, de ser necesario, sería Asuntos Sociales el órgano que solicitaría la intervención del Área de Menores de la Administración local para que tomase las decisiones oportunas.
La legislación vigente establece que “en situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal o social del menor” pero que “no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la Ley”, la actuación de los poderes públicos deberá “garantizar en todo caso los derechos que le asisten” y “se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que incidan en la situación personal y social en que se encuentra y a promover los factores de protección del menor y su familia”.
Si se apreciase una “situación de riesgo”, a “la entidad pública competente en materia de protección de menores” es a la que se encomienda poner en marcha “las actuaciones pertinentes para reducirla y realizará el seguimiento de la evolución del menor en la familia”.
Finalmente, en caso extremo, la Ley contempla que “cuando la entidad pública competente considere que el menor se encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma prevista en el Código Civil, asumiendo la tutela de aquél, adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal”.
“Los niños sirios que están junto a sus familias en la Plaza de los Reyes pueden estar más o menos cómodos y más o menos limpios, es cierto, pero a la Fiscalía lo que le corresponde es el papel de inspector de las autoridades administrativas y, si se detecta una situación de riesgo inmediato que no se ha apreciado, pedir a la Autoridad Judicial que adopte las medidas oportunas”.
Con respecto a la escolarización de los pequeños, la Fiscalía ha señalado que “sólo uno” de los acampados en el centro está en edad de ir a la escuela y que la situación no justifica adoptar su tutela.
Agentes de la Policía Local trasladaron durante la noche del lunes al martes al Centro de Menores de Hadu a un grupo de cuatro jóvenes adolescentes sirios al que encontró “deambulando” por la Plaza de los Reyes. Uno de los niños pequeños acampados fue llevado ayer al Centro de Salud de Recinto, pese a las reticencias iniciales de sus padres, para ser revisado por profesionales sanitarios.
Inmigrantes sirios acampan también en Melilla
Un grupo de inmigrantes de origen sirio ha seguido el ejemplo de sus compatriotas de Ceuta y ha trasladado a la Plaza de España de Melilla su demanda de salida inmediata hacia la Península Allí pasaron la noche de ayer como medida de protesta. Se trata de más de 60 personas, pertenecientes a unas 20 familias, muchas de ellas con niños pequeños, que han decidido por su cuenta abandonar el CETI. Según explicó a EFE un portavoz de los inmigrantes, en Melilla se sienten presos y lo que ellos quieren es salir de la ciudad, desde donde no pueden moverse, pese a que algunos de ellos son solicitantes de asilo. No quieren, ni siquiera, quedarse en España, sino que su objetivo es viajar a otros países europeos.
Lo que dice la ley
Poderes públicos
La legislación vigente establece que los poderes públicos “velarán para que los padres tutores o guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades”.
Atención
Las autoridades tienen la “obligación” de “prestar la atención inmediata que precise cualquier menor”, de “actuar si corresponde a su ámbito de competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente” y de “poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor del Ministerio Fiscal”.
Evaluación
Las entidades públicas competentes deben ”verificar la situación denunciada y a adoptar las medidas necesarias para resolverla en función del resultado de aquélla”.