La Fiscalía investigará la compra de los chalecos antibalas para la Local

El Tribunal de Cuentas ha remitido a la Fiscalía de Ceuta la denuncia presentada en febrero por Caballas por las presuntas irregularidades que, a su juicio, escondía el proceso de compra de los chalecos antibalas para la Policía Local.

En un comunicado fechado el pasado 27 de mayo, el organismo comunica a Mohamed Ali, secretario general de la coalición y portavoz en la Asamblea, que traslada la investigación a los órganos judiciales de Ceuta por si procediera “la incoación de diligencias de investigación penal” o, por el contrario, el archivo. El propio superintendente de la Policía Local, Ángel Gómez, ya ha prestado declaración en calidad de testigo. El caso, uno de los que más polémica arrastró en el tramo final de la última legislatura, se remonta al mes de febrero, cuando Caballas envió al Tribunal de Cuentas el expedientes sobre la adquisición de los 90 chalecos antibalas que tramitó la Consejería de Presidencia y Gobernación. La coalición declaró entonces, como ayer insistía Ali en declaraciones a El Faro, que no estaba “en desacuerdo con la compra del material, sino con la forma chapucera e irregular” en que se hizo. Las quejas de la formación atacaban el procedimiento de emergencia alegado entonces por el departamento que dirigía Yolanda Bel para hacerse con los 90 chalecos. No existía tal escenario, según Caballas, “porque meses antes se había solicitado por escrito la necesidad y el Gobierno lo había desechado, por lo tanto no estaba justificada”, subraya Ali. Las sospechas de Caballas se desataron cuando varió el procedimiento de adquisición. El sistema inicial, mediante concurso público al que llegaron a concurrir hasta seis empresas, acabó anulado para sustituirse por otro en el que el vendedor fue elegido de forma directa. Se vulneraba así, entendía entonces la coalición, el principio de la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades. “Se optó por la emergencia, por una empresa en concreto, y en casos como ése hay que ser escrupulosos con la ley”, subrayaba ayer Mohamed Ali. En su denuncia de febrero, Caballas también alegaba que la Policía Local disponía de suficientes chalecos antibalas, incluso sin ser utilizados, y recordaba la compra de 72 unidades en 2011. Posteriormente no se atendería la petición del propio superintendente de la Policía Local de aumentar la dotación. En diciembre de 2014 se abrió, por concurso público, la compra que posteriormente se anularía para decantarse finalmente por la adjudicación directa por la emergencia desatada tras los atentados de París. Los 90 chalecos costaron finalmente a la Ciudad casi 60.000 euros. Los suministró la empresa especializada Texyon. El Gobierno de Ceuta siempre ha defendido que actuó "de buena fe", atendiendo a las reclamaciones del superintendente y de los agentes y movido por la elevación del nivel de alerta antiterrorista tras el atentado en 'Charlie Hebdo'.

El Gobierno no ve ningún error

En contra de lo que denunció la oposición, el Gobierno ya insistió en febrero, y mantiene a día de hoy, que no cometió ninguna irregularidad en la alteración del procedimiento por el que adquirió los 90 chalecos antibalas de la Policía Local. En su día el propio Juan Vivas, durante una visita al Parque de Santa Catalina, insistió en la “buena fe” de su Ejecutivo, que sólo pretendía reforzar la seguridad del personal del Cuerpo ante la alarma desatada tras los atentados de París. El presidente llegó a reprochar que alguien pensara que se podía hacer negocio con un tema “tan delicado”.