La familia de Ibrahim Arraoui reclama 341.270 euros a la Ciudad

  • El Juzgado de Menores debe establecer la cuantía de la indemnización correspondiente a la responsabilidad civil

La Defensa de la familia de Ibrahim Arraoui, asesinado en marzo de este año de una puñalada durante un intento de robo cometido en la playa de la Ribera, ha presentado ya formalmente la reclamación en concepto de responsabilidad civil: 341.270 euros. Esa es la cantidad que se reclama a la Ciudad Autónoma debido a que la institución municipal era la tutora responsable de los menores que estuvieron implicados de una u otra manera en la muerte de Arraoui y que de hecho ya fueron condenados este año por el Juzgado de Menores. En la sentencia quedó por fijar la cuantía como responsabilidad civil, estando todavía en plazo para las alegaciones presentadas por las partes antes de que la magistrada titular de este Juzgado fije el montante.

Todas las pruebas que debían practicarse ya se han hecho y ahora solo queda por conocer la conclusión final. En el procedimiento figuran como perjudicados los padres del fallecido y sus hermanos y es la Ciudad la que al tener la responsabilidad sobre los menores extranjeros no acompañados que tutela la que tendrá que hacer frente a la sentencia firme que en breve dictará el Juzgado.

En junio de este año, los menores acusados del crimen de Ibrahim Arraoui se conformaron con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal tras un acuerdo entre las partes. El joven de 17 años acusado de apuñalar mortalmente al tetuaní asumió una pena de 7 años de internamiento cerrado y otros tres más de libertad vigilada, por los delitos de homicidio y robo violento. Los otros dos menores acusados del robo, porque coparticiparon en la acción violenta contra este joven, aceptaron 12 meses de internamiento cerrado y otros doce de libertad vigilada. Y por último los dos menores acusados de encubrimiento, porque fueron los que arrojaron el arma al mar, asumieron 6 meses de internamiento cerrado y doce más de libertad vigilada.

Todos ellos admitieron su implicación, según su papel, en los hechos. La Ciudad Autónoma deberá asumir ahora el pago de una indemnización acorde a los parámetros que se siguen en el caso de accidentes de tráfico, que es el criterio que se va a seguir una vez terminen los plazos de alegaciones establecidos por ley.

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