Mohamed Ahmed, conocido como el Vasco, ha elevado públicamente su voz contra la autoridad judicial tras el último atentado que ha tenido lugar contra su patrimonio, la quema de su carnicería en el Príncipe. El Vasco aseguró sentirse “desprotegido” y arremetió contra los jueces, a los que acusó de dejar libres e impunes a quienes le están intentando “hundir” la vida. Según su representación legal, Ahmed y su familia tienen actualmente abiertos un total de 15 procesos judiciales entre los que hay desde tentativas de homicidio, hasta lesiones, daños e incluso amenazas. Ninguno de ellos ha servido, de momento, para frenar las agresiones al entorno del Vasco. Desde el punto de vista judicial el principal problema que impide la resolución de los sucesos que están ocurriendo en torno al Vasco es la falta de pruebas. La actuación judicial se basa en el principio acusatorio, es decir, que tiene que haber algún actor en el procedimiento que acuse, pero siempre aportando o basándose en una serie de indicios y pruebas de cargo suficientes para incriminar a un acusado. En el caso de todo lo referente al Vasco estas pruebas son inexistentes, según fuentes judiciales, por lo que la mayoría de los procesos iniciados apenas se están sosteniendo. La única prueba real con la que cuentan los juzgados en la actualidad es la declaración de la propia víctima y, dada la gravedad de los hechos denunciados, no está siendo suficiente para encerrar a quienes el propio Vasco acusa como instigadores de la campaña en su contra.
Por otro lado, diversos foros judiciales apuntan además a la ‘vaguedad’ de las acusaciones del Vasco y a la existencia de coartadas bien justificadas. Para la representación legal de Ahmed, “todo lo que le está sucediendo a este hombre ya es un claro indicio de que lo que denuncia es cierto y de que los autores pueden ser los que él dice”.
Versiones y pruebas
Esta versión contrasta con lo que manifiesta la defensa de Mohamed Ahmed, que recuerda que la jurisprudencia existente establece que la declaración de la víctima puede ser un elemento suficiente para dictar una sentencia condenatoria. Esto sería siempre que se cumplan unos requisitos legales que implican la veracidad de lo declarado, en todo caso. Además, la representación legal del Vasco asegura que a la declaración de éste se sumarían las de sus sobrinos -también víctimas de tiroteos- e incluso la existencia de pruebas e indicios que corroborarían sus versiones. Frente a las voces que han afirmado que el Vasco se ha contradicho al hablar de encapuchados y luego reconocerlo, su abogada aseguró que “Mohamed jamás ha hablado de encapuchados. Él siempre ha reconocido a sus agresores y ha aportado todos los datos que conocía”. Esta misma afirmación la hace extensible a las declaraciones de sus familiares llegando a hablar de “identificación plena”.
En cualquier caso, lo que parece lógico es que es necesario reunificar todas las causas abiertas que tengan relación con las denuncias del Vasco para que sea un único juez el encargado de gestionar todo el caso. Es necesario que la persona que se encargue de llevar los procesos pueda tener una visión global de todo lo que está sucediendo y con la actual fragmentación de denuncias por los juzgados parece poco menos que un puzzle. De hecho, todos los juzgados de Instrucción de la ciudad lleva al menos una denuncia de cosas relacionadas con Mohamed Ahmed, a excepción del número 3.
Un dato que llama la atención a las partes implicadas en estos hechos es que las personas que son señaladas como autores de los delitos siempre están fuera de Ceuta en el momento de los hechos, “que casualidad que siempre se vayan el día antes y puedan demostrarlo con billetes de barco”. Hecho éste que contrasta con la supuesta falta de medios económicos que en ocasiones aducen. Son precisamente estos datos los que hacen reflexionar al entorno del Vasco sobre la falta de actuación judicial. “La Policía no puede actuar de oficio, tiene que ser el juzgado el que le inste a investigar en alguna dirección (...) Si no hay pruebas es porque el juzgado encargado de cualquiera de los casos no se ha movido ni interesado”, señalaron. Las opciones, desde este punto de vista, son infinitas y van desde controlar llamadas de teléfono hasta movimientos bancarios, cuentas de Internet hasta la pura y dura vigilancia policial. A la referida falta de voluntad judicial, referida por fuentes cercanas al Vasco y por él mismo, se suma la ausencia de implicación política en el asunto. La última quema de la carnicería del Vasco ha revelado que unos encapuchados se pasearon por la barriada del Príncipe con botellas llenas de gasolina y que actuaron a su antojo sin que ninguna autoridad hiciera nada. De hecho dispararon en su huida contra algunas fachadas y para provocar el incendio dispararon a una pequeña bombona de camping rodeada de botellas de gasolina para provocar un daño mayor. Alguien hizo desaparecer las pruebas. “En el Príncipe no reina el Estado de Derecho porque allí la Ley es esta banda de delincuentes”, aseguraron desde el entorno del Vasco. Esto refuerza la tesis, mantenida también en su día por la asociación de vecinos, de que es necesaria más presencia de la Policía en el barrio.
