Ceuta es la precariedad por antonomasia. Todas las dimensiones de la vida pública se encuentran definitivamente afectadas por esta detestable cualidad.
La economía (sustentada en el dinero público y la actividad irregular), el régimen administrativo (un híbrido entre Comunidad y Ayuntamiento no contemplado en la Constitución), la definición política (sin aguas territoriales reconocidas, excluidos del paraguas de la OTAN, fuera del espacio Schengen, sin el reconocimiento de una aduana comercial con Marruecos, fuera de la Unión Aduanera…), el cuerpo social (una evidente fragmentación étnica sostenida en un equilibrio inestable con el aliento contenido); el régimen económico y fiscal especial (diseminado y disimulado en los apéndices de normas variopintas). Nada se sustrae a la precariedad. Tampoco el modelo de financiación de la Ciudad.
Uno de los pilares sobre los que el PP ha edificado su portentoso dominio electoral ha sido inculcar en la conciencia ciudadana la idea de que “el PP es el único partido de ámbito nacional, y por ello con capacidad de gobernar, que defiende los intereses de Ceuta”. Es la cantinela que repiten hasta la saciedad: “la sensibilidad del PP con Ceuta”. Esta falacia ha calado, fundamentalmente, por dos hechos: el enorme impacto psicológico del incidente del islote Perejil (el uso de la armas para reprimir la invasión marroquí); y el posicionamiento histórico del PSOE, radicalmente opuesto a los intereses de Ceuta y muy decantado hacia la connivencia con Marruecos. Así, jugando con el miedo y la impotencia de los ceutíes, y abusando de un proverbial despliegue propagandístico, el PP ha logrado convertir en axioma lo que no es más que una colosal patraña. En lo trascendental, la política del PP es coincidente, y tan anticeutí, como la del PSOE. Por eso nunca les interesa debatir en profundidad. Se agarran a la consigna fácil como los náufragos a su tabla de salvación. No resulta sencillo desenmascarar esta cínica pose, sobre todo, cuando se trata de asuntos de cierta complejidad difíciles de trasladar a la opinión pública. Este es el caso de la “compensación del IPSI”. Cuando el PP pretende demostrar su “inequívoca defensa de los intereses de Ceuta” saca a pasear la “compensación del IPSI” establecida por Aznar a principios de siglo. Esta es la prueba irrefutable. El PP “nos salvó la vida” y, en consecuencia, todos los ceutíes le debemos agradecimiento (votos) eterno. La realidad, sin embargo, es que nos han dejado en una situación de vulnerabilidad absolutamente injusta. Intentaremos explicarlo.
En primer lugar, es conveniente recordar que la “suficiencia financiera de las instituciones públicas para ejercer sus competencias” es un mandato constitucional y no una decisión política coyuntural. El Estado debe garantizar la igualdad de todos los españoles. Otra cuestión son los instrumentos que se utilicen para cumplir este objetivo (tanto en la estimación del coste de los servicios, como en los métodos de obtención de ingresos). Aquí entran en juego diversos elementos, tales como la naturaleza jurídica de la institución, el sistema fiscal, los niveles competenciales o, incluso, el volumen de población y las rentas de sus habitantes. Una decisión compleja y siempre polémica.
Ceuta, en esto, también ha sido especial. La determinación original del modelo de financiación de nuestro ayuntamiento, se basaba en la condición de territorio franco y en la concesión de una figura impositiva peculiar (el arbitrio), de gran potencial recaudatorio en virtud de aquella estructura económica fundamentada en el diferencial de precios con la península. Las modificaciones legislativas posteriores, derivadas de la incorporación a la Unión Europea, obligaron a redefinir el instrumento (arbitrio) y sustituirlo por un impuesto ajustado a la normativa imperante (IPSI).
El problema surge cuando el contexto en el que se concibe este instrumento de recaudación cambia radical e irreversiblemente. La Ceuta del arbitrio (o del IPSI) jamás volverá. Se desvaneció el fundamento pero se mantuvo su conclusión. Grave error. Aquella situación se produjo de manera súbita. Es cierto. Hubo que tomar una decisión inmediata e improvisada. Y se hizo correctamente. El Gobierno del PP introdujo una disposición normativa para compensar el descenso de recaudación del IPSI que, en aquel entonces, dejaba el presupuesto de la Ciudad gravemente desequilibrado. Pero no cumplió (todavía no lo ha hecho) con su obligación consecuente, que no era otra que definir de manera rigurosa un modelo de financiación de la Ciudad ajustado a las coordenadas económicas vigentes, fijando un nivel de servicios públicos homologable al resto de territorios, y asignando los instrumentos fiscales más adecuados. Se nos ha dejado, otra vez, sumidos en la precariedad: disponemos de un impuesto de recaudación manifiestamente insuficiente (sin contar con que gran parte de los ingresos se obtienen del comercio atípico), que se complementa por una voluntad política renovable anualmente, para alcanzar los niveles del año 2000, sin capacidad de contemplar la evolución de parámetros esenciales como el incremento de la población, la deuda histórica (déficit en equipamientos y dotaciones acumulados), o la implementación de nuevos servicios públicos.
Permítaseme un símil. Cuando una mesa sufre un desperfecto y cojea, la respuesta inmediata (lógica y correcta) es calzarla con un cartón doblado (o algo parecido). Hace el avío; pero esa no puede ser la solución definitiva. Lo razonable es, a continuación, arreglar la mesa o sustituirla. Nosotros llevamos más de una década con nuestro cartoncito debajo de la pata. Corriendo el riesgo de que alguien le dé un puntapié. ¿Qué debería haber hecho un Gobierno sensible y comprometido con Ceuta? Evaluar el coste de las competencias de la Ciudad (las propias, las concurrentes y las indirectas), en función de la realidad social actual; definir con rigor el escenario económico presente y futuro; y establecer los mecanismos de financiación estables que garanticen la suficiencia financiera para prestar los servicios públicos a los que tenemos derecho en pié de igualdad con todos los territorios españoles.
Pero esto supondría zanjar definitivamente esta cuestión. Y el PP perdería su poderoso reclamo electoral. Ya no podría recitar su eterna cantinela. Ellos prefieren que estemos siempre en “deuda”. Nos convencen de que son los únicos que pueden dar solución a los problemas… que ellos mismos han ocasionado. Una suerte más de esta gigantesca parafernalia del engaño con la que el PP tiene anestesiada a la ciudadanía.
