En el pasado curso académico realicé una estancia de Investigación en el Instituto de Estudios Fiscales. Fue muy provechosa y gratificante. Estas actividades se fomentan entre el profesorado. Bueno, en realidad son casi obligatorias, pues según la Ley de Universidades el personal docente está obligado a ejercer docencia y a investigar. Yo lo veo bien, aunque sin pasarse. Por las circunstancias que sean, hay compañeros a los que se les da mejor una u otra actividad, pero no las dos. Tampoco se les debería penalizar por ello, como hizo la ley Wert. El caso es que, después de casi cuarenta años al servicio de la Administración Pública en distintos puestos de responsabilidad, ahora, en esta etapa laboral de mi vida, me estoy dedicando a hacer algo que también me gustaba, como es dedicarme a la docencia y a la investigación a tiempo completo. O, mejor dicho, me gustaba algo más. En mi situación administrativa anterior estoy en excedencia. Y en esta me he aplicado para obtener en tiempo récord, lo que hubiera obtenido con mayor tranquilidad si hubiera accedido a la Universidad antes. Pero la vida es la vida. No obstante, en pocos meses, casi a las puertas de la jubilación, accederé al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, si supero la evaluación a la que seré sometido en una convocatoria pública. Pero, para llegar a esto, igual que en el caso de otros colegas, he tenido que trabajar muy duro y participar en congresos, realizar y publicar investigaciones, ejercer docencia, y, también, llevar a cabo estancias de investigación nacionales e internacionales. A pesar de la dureza del camino, lo he hecho con la misma ilusión de los jóvenes profesores universitarios que comienzan su andadura profesional. Evidentemente, sin el apoyo de mi familia y de otros colegas, no habría sido posible. Uno de ellos, compañero de carrera en el pasado, y profesor mío después, me decía, medio en broma, que mi capacidad de trabajo era “casi infinita”. Como buen matemático sabía que al infinito nunca se llega. Cuento todo esto porque, después de todo el esfuerzo, nunca habría podido imaginar que mi universidad, la Universidad de Granada, por ignorancia de algunos, indiferencia de otros o, simplemente, maldad de unos o pocos, me pudiera poner pegas para poder percibir la pequeña cantidad de ayuda concedida para sufragar parte de los gastos de estos tres meses de estancia en Madrid. Han sido 1.125 euros lo que me han concedido. Y he sido de los más afortunados. El tema está en que dicha ayuda se me concedió, a mí y a otros investigadores, en el mes de julio de este año. Concretamente a mediados. A partir de ahí nos enviaron un escrito a nuestros centros de trabajo, que llegó a nuestros casilleros a finales de julio. En el mes de agosto se cierran las dependencias universitarias. Por tanto, la mayoría de los profesores hemos tenido conocimiento de la concesión a mediados de septiembre. Justo cuando comenzaba la actividad académica. Lo que se nos indicaba en dicho escrito era que debíamos proceder, en el plazo de un año, a justificar la realización de la estancia de Investigación. Para ello debíamos presentar ante el Vicerrectorado correspondiente una serie de documentos. A finales de septiembre fui a dicho Vicerrectorado a presentar toda la documentación. Lo que se me dijo fue que, previamente debía dirigirme a mi centro de destino (en mi caso el Campus de Ceuta), para que se me liquidara el importe concedido, situado contablemente en el mismo. Por tanto, no quedó constancia de presentación de dicha documentación en dicha fecha. A la semana siguiente, ya a primeros de octubre, cuando volví a Ceuta para seguir con mi actividad docente, presenté toda la documentación en la Secretaría del centro. Primera pega. La fotocopia del permiso concedido en su día no era suficiente. Debía presentar el original, que lo tenía en mi casa de Granada. A la semana siguiente lleve dicho documento. Segunda pega. Mi solicitud de liquidación del gasto estaba fuera de plazo, pues, según las normas establecidas por la Gerencia de la Universidad de Granada, los gastos realizados en el segundo semestre sólo se podían liquidar hasta el 28 de septiembre de este año. Evidentemente, mi perplejidad y enfado crecía por momentos. Intenté hacer ver a los responsables de esta gestión que, si se nos había comunicado la concesión de una ayuda a mediados de septiembre, no parecía razonable que se nos aplicara una norma interna de la Gerencia, que había sido dictada para otras cuestiones, que suponía reducir, de hecho, el plazo del año concedido, a solo dos semanas. Pero nada. No hubo forma. No tuve más remedio que hacer lo que tenía que haber hecho en Granada, cuando acudí la primera vez a gestionar la ayuda. Presenté un escrito en el registro de entrada con toda la documentación, para quedar a la espera de la respuesta de la Universidad. Cuando esto hice, la responsable de la Secretaría del centro, que siempre está atenta y dispuesta a solucionar los problemas de todo el personal, llamó a Granada al Vicerrectorado competente. La respuesta de la funcionaria que a finales de septiembre me derivó a Ceuta, fue que en el escrito había un enlace con una dirección de internet al que debíamos de haber accedido para ver que la normativa de la Gerencia establecía estos plazos de pago. Añadió que esto le había pasado también a otros investigadores. Pero no ofreció solución alguna. Sólo que la señora Gerente diera una “autorización especial” para pagar a pesar de haberse pasado el plazo. Acto seguido, esta funcionaria, como digo, siempre atenta a resolver los problemas del personal, envió un correo electrónico a la Gerencia pidiendo esa autorización de pago. Hasta el momento no se ha recibido respuesta. Aún no puedo salir de mi asombro. Es decir, te conceden una ayuda, te lo comunican y te dan un plazo de un año para justificar, pero, como la Gerencia ha dictado otras normas sobre liquidación de dietas, los efectos prácticos que se producen son que el plazo de un año que se concede para justificar la estancia queda reducido a dos semanas. Todo un ejemplo de coordinación administrativa entre órganos de la misma Administración, con perjuicio evidente a los derechos de los administrados, en este caso profesores e investigadores. No sé si muchos de mis lectores han leído “El Proceso” (Kafka). Yo sí. Justo cuando me licencié en Derecho. Y lo que en este libro se describe es mucho menos del calvario que esta Universidad nuestra nos está haciendo pasar a algunos investigadores para poder percibir las exiguas ayudas que se nos han concedido. La calificación jurídica de esta actuación, y de una normativa tan coercitiva, que hace depender el pago de dietas de desplazamiento autorizadas, a que se liquiden en un plazo tan corto, me la guardo de momento. Pero, en cualquier caso, es triste que tengamos que estar perdiendo tiempo en estas nimiedades y peregrinando por distintas dependencias de la Universidad, cuando lo más razonable sería habilitar un sistema mediante el cual, en un mismo acto, y en una única dependencia, el profesor pudiera solucionar su problema, de esta o de otra ayuda. Todos ganaríamos tiempo, que podríamos aprovechar en otras cosas más productivas. Aunque, aún confío en el buen criterio de la señora Gerente para solucionar este problema lo antes posible, la experiencia me dice que la cosa no será fácil. Una pena que esto ocurra en una de las universidades que está situada entre las 300 mejores del mundo y en una ciudad en la que, en estos días, se han inundado las vallas publicitarias, con fotografías y mensajes llamativos y bien elaborados, anunciando algo así como que “en Granada somos de Ciencia”.