Novasoft, sin mencionar al Ingesa, asegura que la Administración le adeuda 10 millones de euros y lleva desde febrero sin cobrar.
La empresa malagueña Novasoft ha solicitado el concurso de acreedores –declaración de insolvencia por la cual está impedida para afrontar sus deudas– en el Juzgado Mercantil nº 2 de Málaga en su división de ingeniería, de la cual depende el Servicio de Teleoperadores para el Centro Coordinador de Urgencias del 061 del Ingesa. La compañía tomó la decisión a finales de julio y, tras la presentación de los informes y el parón veraniego en los juzgados, se está a la espera de que sea oficialmente declarado, según informó ayer la edición digital de los periódicos Málaga Hoy y Diario Sur.
El área de ingeniería era la más importante del grupo hasta hace apenas dos años, la que acumulaba un mayor número de proyectos y empleados, superando ampliamente el millar. Sin embargo, la caída ha sido en picado por la morosidad de las Administraciones Públicas, sus principales clientes. “Después de mucho luchar y batallar en los dos últimos años la situación se ha vuelto insostenible y hemos tenido que solicitar el concurso, porque las administraciones tienen una falta extrema de liquidez y los que estamos pagando el pato somos los proveedores”, explicó Francisco Barrionuevo, presidente de la compañía.
Este directivo asegura que las entidades públicas –principalmente el Servicio Andaluz de Empleo, las mancomunidades de Andévalo y Bajo Guadalquivir, la Comunidad Valenciana o el Servicio de Salud de Castilla La Mancha– le adeudan 10 millones de euros y no cobran nada desde febrero. “Es una locura trabajar así”, destacó Barrionuevo en declaraciones a estos medios, sin mencionar al Ingesa en Ceuta.
El empresario indicó que el pasivo ronda los 27 millones de euros y que los acreedores no son numerosos, ya que son básicamente bancos y alguna administración. Las dos sociedades que entrarán en concurso son Novasoft Ingeniería y Novasoft Corporación y, según su presidente, cuentan con 40 empleados.
En esa deuda también se incluyen los dos edificios que Novasoft posee en el Parque Tecnológico de Andalucía, uno de los cuales es su sede central, y no se sabe qué pasará con esos inmuebles. La empresa no ha presentado una propuesta anticipada de convenio.
La última década de Novasoft ha sido un acordeón. En 2005 vendió su división sanitaria a la multinacional Isoft –su principal rama– y se quedó en 110 empleados. Tras conseguir numerosos proyectos de ingeniería, crear varias UTE y una división educativa llegó a tener 1.600 trabajadores en 2011. En estos momentos, cuenta con 650 empleados.
Barrionuevo destaca que, salvo la división de ingeniería, el resto de sociedades siguen funcionando con normalidad. De hecho, están desarrollando software y exportándolo a países como Chile, México o Panamá. Ultiman a su vez proyectos en Guinea y la apertura de una filial en Marruecos.
La prioridad ahora no es acaparar el mayor número de clientes posible sino trabajar solo con aquellos que paguen. “Nos vamos a guiar más por criterios de caja que de ingresos”, dijo Barrionuevo, y eso se reflejará en la facturación. La compañía cerró el año pasado con unas ventas de 36 millones, este año podría estar sobre los 22 y en 2014 se reducirían hasta los 15 millones de euros.
Novasoft ya presentó un preconcurso en octubre del año pasado, aunque en febrero logró refinanciar su deuda. No ha sido suficiente y ha tenido que solicitar el concurso. Barrionuevo lanza un mensaje de optimismo y recalca que Novasoft sigue e intenta recomponerse. “Tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Las empresas crecen, disminuyen y se reinventan y ahora intentamos que nos den una oportunidad”, concluyó.
El colectivo sigue trabajando sin noticias del patrón
La plantilla del Servicio de Teleoperadores para el Centro Coordinador de Urgencias del 061 del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, lamentó ayer que Novasoft Ingeniería haya ignorado a su colectivo y tengan que enterarse de que su compañía ha solicitado el concurso de acreedores por la prensa. Una inestabilidad añadida a una situación ya de por sí precaria, se quejó el grupo. Acumulan 130 días de deuda por sus salarios y distintos complementos, unos derechos a los que se niegan a renunciar. Hasta ahora no abandonaron su puesto de trabajo por profesionalidad y respeto a los ciudadanos.
