Todos podemos estar de acuerdo en que la Constitución española establece de manera clara la posibilidad que tienen los ciudadanos de trabajar en el punto de nuestro país que lo deseen. Pero igualmente también están contemplado en la ley lo que se conoce como discriminación positiva, extremo que se aplica en muchas medidas tomadas por las administraciones. Que seamos una de las regiones con más paro de la UE y que en el paro juvenil seamos la primera región con diferencia obliga a todas las administraciones a no mirar hacia otro lado y dejarse de paños calientes, porque la situación tampoco se puede seguir soportando. Porque nuestra crisis no ha nacido, precisamente, en el año 2008, sino que la venimos padeciendo desde hace decenios. Todos coincidimos que es estructural y grandes problemas nada más que se pueden tomar grandes remedios.





