El enfrentamiento entre los radicales del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña ha originado una peculiar reacción por parte de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), la cual tiene como fin combatir la violencia verbal presente en los campos de fútbol.
Ante la reclamación por parte de los aficionados y medios de comunicación de mayores controles sobre los grupos más violentos, la LFP se ha sacado de la chistera la idea de sancionar a aquellas aficiones que profieran insultos graves, convirtiéndola en su gran baza contra la violencia.
Si bien es cierto que se trata de una medida en apariencia sana cuyo planteamiento se dispone para aliviar las tensiones que dominan los campos de fútbol en los momentos más candentes de los encuentros, su ejecución, tal y como se ha propuesto hasta el día de hoy, se antoja caótica. ¿Cómo se establecerán qué insultos son lo suficientemente ofensivos como para ser sancionados (sin obviar el tipo de sanciones y cómo se adaptarán a cada barbaridad que pueda decirse)?, ¿qué cantidad de personas marcará la línea a partir de la cual acarrearía sanción?, ¿diez, cien, mil? Aun salvando todos estos escollos de forma ecuánime, lo cual es harto complicado, la LFP tendría que presentar denuncias a diferentes clubes cada jornada porque, como es lógico, es imposible controlar a miles de personas desbordadas por la pasión característica de la afición española. El plan ideado por Javier Tebas, presidente de la LFP, es interesante cuando se comprende como uno de los últimos eslabones de una amplia cadena que aún no hemos construido, en la cual resulta vital el potenciamiento de una mayor educación cívica y deportiva así como el exhaustivo examen de los seguidores que acceden a los estadios, más allá de la mera inspección en busca de botellas con tapones u otras potenciales armas arrojadizas. Comenzar la construcción de una casa por su tejado no parece una buena opción.
Desde mi punto de vista, las circunstancias actuales no requieren abordar esta cuestión sino el tratamiento de las deficiencias que están permitiendo el acceso de los radicales que dan lugar a la mayor parte de los actos violentos. Sin embargo, la LFP ha impulsado con muchísima fuerza la campaña de sanción de los insultos al utilizar al Real Madrid como su primera víctima, un aporte mediático absoluto que ha permitido desplazar la problemática de los radicales a un lado cuando realmente es el tema principal. En tiempos en los que la seguridad del fútbol y de todos los que participan en él, ya sea directa o indirectamente, ha revelado aguzadas debilidades que afectan a su integridad, los debates se han ido centrando progresivamente en preocupaciones de primera clase que han opacado, una vez más, los auténticos males, los más conflictivos tanto para quienes deben solucionarlos como para los que se ven afectados por ellos. Lo han vuelto a conseguir.
