El Gobierno de Vivas exhibe el volumen de obra pública como único argumento para atribuirse el calificativo de brillante en su gestión al frente del ayuntamiento durante diez años. El discurso ramplón, apelando a la transformación urbana de la ciudad, apoyado en latiguillos superficiales como “basta con salir a la calle y mirar”, pretende simplificar la política hasta el extremo de identificar el liderazgo social con la prosaica labor de un contratista de obras. Es como enjuiciar el ejercicio de la paternidad basándose en las condiciones materiales del domicilio. Pero incluso en este sentido, su balance no es muy favorable. Es indudable que durante estos diez años se han acometido innumerables proyectos de inversión. Lo que se oculta es que no ha sido algo excepcional. No es excesivamente meritorio. Ha sucedido en toda España, como consecuencia de la aplicación de los Fondos de cohesión procedentes de la Unión Europea. Además de este hecho incuestionable, es preciso añadir un endeudamiento de doscientos millones de euros. Lo correcto no es evaluar la inversión en valores absolutos, sino en términos de eficiencia. ¿El gigantesco caudal de inversión jamás conocido en la historia de Ceuta se ha ejecutado atendiendo a las prioridades sociales, adecuadamente seleccionadas? La respuesta es bastante más dudosa de lo que querría Juan Vivas. No parece muy alentador que tras diez años tirando de todos los talonarios posibles, presentes y futuros, la Ciudad siga presentando los enormes déficits que presenta en aspectos básicos de la organización ciudadana.
En cualquier caso, lo que resulta obvio es que un análisis riguroso de este periodo no puede reducirse a un álbum de fotos. Otras vertientes de la acción política, quizá no tan visibles por la mayoría de los ciudadanos, son infinitamente más trascendentes.
Uno. Urbanismo. La vigencia del PGOU expiró en el años dos mil. El Gobierno de Vivas ha sido incapaz, en diez años, de aprobar un nuevo documento. Las consecuencias de esta omisión (probablemente voluntaria) no son baladíes. Por una parte, la ciudad está creciendo de manera desordenada, sin objetivos ni planificación. No existe una visión de conjunto, y los graves problemas (tráfico, dotaciones, etc) no encuentran un marco de referencia para su resolución. Baste como ilustración recordar que todas las licencias otorgadas en el puerto tienen carácter provisional por carencia de planeamiento. Pero es que además, el caos urbanístico, agudizado por nuestra insólita condición de “Ciudad Autónoma”, nos ha sumido en un lío legislativo (las comunidades han legislado para recomponer los efectos de la derogación parcial de la ley del suelo), del que los especuladores obtienen una fabulosa rentabilidad. Las construcciones ilegales proliferan ante una impunidad insultante. No sólo en el Príncipe, como se suele decir con cierto desdén. En el mismo centro de la Ciudad, respaldadas por abogados de postín vinculados al poder, las obras ilegales crecen ante el asombro de propios y extraños.
Dos. Política de personal. Durante diez años el Gobierno de Vivas no ha tenido tiempo de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo (obligación legal) que permita desarrollar la política de personal atendiendo a criterios objetivos y, sobre todo, respetando la independencia de los empleados públicos. En la actualidad la inmensa mayoría de los puestos de trabajo tienen carácter “provisional”, lo que propicia un perverso régimen de premio y castigo. El que obedece al poder: jornada partida, especial, incentivos, productividad, días propios, y ascenso de categoría. El que no se dobla, destinado al cementerio. Pero en este apartado hay algo aún peor. Vivas ha logrado consolidar el enchufismo como sistema exclusivo de provisión de plazas. Es cierto que los enchufes siempre han existido. Pero lo que ha ocurrido en estos diez años no tiene parangón.
Tres. Política de contratación. La administración de los recursos públicos, obliga a ser estricto en el cumplimiento de la norma. Los contratos públicos de obras y servicios se deben adjudicar de modo transparente, respetando el principio de igualdad de oportunidades. Vivas ha logrado eliminar radicalmente, de hecho y utilizando todo tipo de trucos administrativos, esta incómoda sujeción a la ley. Cada obra o suministro que salía a concurso estaba precedido de una sospecha que, habitualmente, se iba materializando con vergonzosa precisión. Alguna ilustración. El contrato de Urbaser (tres mil millones de pesetas anuales) no sale a concurso desde hace veinte años. La Manzana del Revellín, la obra más cara ejecutada en Ceuta (nueve mil millones de pesetas), se adjudicó sin concurso ni subasta. Los empresarios, muy desanimados saben perfectamente, que todos los contratos caen en la misma red.
Cuatro. Política fiscal. Durante los diez años de Vivas no ha existido ninguna reforma fiscal. No se ha hecho el menor intento de dotar de progresividad a un sistema que por sus condiciones intrínsecas dificulta ya de por sí este objetivo. Más bien todo lo contrario. La subida de impuestos, abusiva, indiscriminada y atropellada, basada exclusivamente en el afán recaudatorio, ha producido el efecto inverso. La presión fiscal de las economías más modestas ha experimentado un incremento proporcionalmente muy superior al de los sectores más acomodados. El recibo del agua es un auténtico atraco. No ha corrido mejor suerte la política fiscal como instrumento al servicio de la generación de empleo y riqueza. Los innumerables compromisos de Vivas con empresarios y sindicatos para modificar la ordenanza del IPSI se han incumplido sistemáticamente. No ha atendido ni una sólo reivindicación o propuesta de los empresarios, y mucho menos de los sindicatos a los que ha terminado por odiar.
Cinco. Servicios sociales. Después de una década, el Gobierno de Vivas sólo puede ofrecer, como balance en servicios sociales, una tupida trama de convenios y contratos variopintos con entidades de naturaleza diversa para prestar servicios sociales deficientes a bajo coste. Las asociaciones desarrollan su labor en unas condiciones de precariedad infames y con presupuestos exiguos que apenas llegan para pagar modestas nóminas. El trato indigno e indignante que un gobierno manirroto y derrochón dispensa a las individuos más débiles y necesitados de nuestra comunidad, hace sonrojar a cualquier persona decente.
Seis. Vivienda. La voracidad de la especulación. Han orientado la política de vivienda hacía el interés privado. En lugar de acometer la construcción de viviendas públicas para garantizar una correcta asignación de los fondos y una oferta asequible para los más necesitados, han puesto toda la maquinaria del poder al servicio de los agentes inmobiliario, más o menos amigos. La promoción de Loma Colmenar (paralizada mientras los jóvenes estafados siguen perplejos), la desaparición de los pisos del Sarchal o la venta de las casas de Villajovita, explican claramente esta nefasta política.
Siete. Inversiones. Un escaparate muy particular. La política de inversiones ha estado marcada por un fuerte desequilibrio en todos los sentidos posibles. La única prioridad manejada ha sido el interés electoral del Presidente, obsesionado con su imagen. El resplandor del centro de la Ciudad, en contraste con el abandono de las barridas, aleja nuestra Ciudad de todos los parámetros aceptables de modernidad y cohesión social. En relación con los equipamientos, es casi más fácil poner algunos ejemplos: En diez años, Vivas no ha construido ni una sóla escuela infantil, y sin embargo, ha construido una Escuela de Negocios (en la que se matriculan ellos mismos); no existe pista de atletismo, pero han construido una Escuela Hípica (cuesta cien millones de pesetas al año). El lamentable estado de los edificios en los que se atiende a los menores (en especial La Esperanza y Punta Blanca), entre otros, es concluyente.
Ocho. Servicios públicos. Sumisión a los intereses privados. Ceuta es, probablemente, la única Ciudad de España en la que no está regulado el transporte urbano. Las decisiones sobre el funcionamiento de este servicio básico dependen de la voluntad de una empresa privada. Por ese motivo el autobús no llega a todas las zonas, ni con la frecuencia deseada. No es rentable. Ello no es óbice para que exista un Director General de Transportes (que cobre cien mil euros al año), que nadie sabe lo que hace. No es un caso excepcional. El suministro de energía eléctrica está en una situación parecida. La “ciudad de los apagones” permite que una empresa privada obtenga quinientos millones de pesetas de beneficio al año por prestar un servicio tercermundista. Ahora, después de diez años, dice Vivas que va a hacer una auditoria sobre el cableado. Irrisorio. El servicio de limpieza, del que presume constantemente el Gobierno de Vivas, se ha deteriorando hasta situarse muy por debajo de lo exigible por su coste. Tres mil millones de pesetas (contendores y planta de transferencias aparte), para una Ciudad de diecinueve kilómetros cuadrados deberían servir para tener un servicio de mucha más calidad. Pero la empresa amiga es intocable.
Nueve. Cargos públicos. Quinientos millones de pesetas. Una Ciudad de setenta y cinco mil habitantes, con más de once mil parados, no se puede permitir el lujo de pagar nóminas políticas por un valor superior a los quinientos millones de pesetas al año. Hacen la trampa de compararse con el GIL para justificar su dispendio. No vale. Vivas ha hecho de los impuestos de todos, una caja sin control, con la que paga sus favores, amistades, lealtades e intrigas; en una insuperable falta de respeto a los contribuyentes.
Diez. Retrato robot. Para reconocer al Gobierno de Vivas es suficiente con hacer un retrato robot con los escándalos surgidos en la última legislatura. Un miembro está imputado por traficar con empleo y vivienda, otro en el Tribunal de Cuentas por irregularidades económicas; uno más imputado por conceder licencias vulnerando la ley; y un último caso de cese por manifestaciones racistas. Muy edificante.
Escarbando en la verdad, apartando el oropel, limpiando el maquillaje y descolgando las luces de colores; la gestión de Juan Vivas como Presidente de la Ciudad es bastante mediocre. Pero eso no es lo peor. Lo más terrible de la herencia del régimen de Vivas es que ha sepultado, acaso definitivamente, los valores éticos sobre los que descansa una sociedad libre, democrática, y segura de sí misma. Ha contagiado su idea de que todo está en venta y todo se puede comprar, elevando el dinero a la categoría de deidad. Ha inculcado en la sociedad el principio de que el mal siempre triunfa. Los corruptos son ensalzados, agasajados y promocionados; mientras que las personas honradas son preteridas y postergadas, cuando no ajusticiadas en la plaza pública. Está contribuyendo a destruir la autoestima colectiva, fomentando la conciencia de súbdito en lugar de ciudadano, al que está vedado pensar de manera crítica so pena de ser condenado al más duro ostracismo social y profesional.