La subdirectora general de Urbanismo en el Ministerio de Fomento considera que “no es razonable” un trámite tan complejo
La sala de usos múltiples de la Biblioteca Adolfo Suárez acogió ayer la Jornada sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta en la que participó la subdirectora general de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura y Suelo en el Ministerio de Fomento, Ángela de la Cruz Mera. Consideró que “no es razonable” que el proceso de revisión y aprobación de un PGOU sea tan complejo y prolongado en el tiempo, aún cuando en la normativa se establece un plazo de ocho años. De hecho, el PGOU de Ceuta data del año 95 y no ha sido hasta 2004 cuando comenzó esa revisión. Se trata de una herramienta, destacó, fundamental para el desarrollo de cualquier ciudad, pero que debe cumplir con una serie de trámites y plazos que hacen que este proceso se alargue e incluso pueda darse el caso de que un PGOU ya aprobado definitivamente, “nazca ya desfasado.
La representante ministerial se centró en uno de los trámites, precisamente en el que se encuentra el PGOU de Ceuta, los informes sectoriales. Estos informes son importantes porque todas las entidades, instituciones y organismos públicos y privados deben consultar el PGOU y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Cada ente, por tanto, defiende sus intereses sobre la ordenación del territorio cuya conjugación supone una dificultad añadida para los técnicos encargados de la revisión de todos esos informes. Concretamente y atendiendo a las peculiaridades de Ceuta, De la Cruz destacó los ‘conflictos’ de intereses que pueden darse en nuestra ciudad en tanto se deben compatibilizar los intereses sobre el territorio del Estado, por ejemplo, en materia de carreteras, de la Confederación Hidrográfica en cuanto al agua, la Dirección General de Costas en cuanto al litoral marítimo caballa, así como los intereses en la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas en los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa. Son algunos ejemplos que ponen de manifiesto la complejidad del proceso de compatibilizar los intereses de los diferentes organismos e instituciones sobre el terreno de Ceuta y que claramente condicionan su desarrollo.
La subdirectora general de Urbanismo también hizo un repaso de la normativa legal aplicable en estos momentos sobre la ordenación territorial, así como de las peculiaridades aplicables a Ceuta y Melilla.
Uno de los mecanismos que tienen las Administraciones Públicas para avanzar en el progreso de la ciudad mientras se aprueba el PGOU caballa, son los convenios para el uso del suelo, o las modificaciones puntuales que deben estar suficientemente motivadas. En la sala se encontraba el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, quien preguntó específicamente sobre la falta de argumentación en esas motivaciones que, a veces, más parece obedecer a un criterio arbitrario del partido que gobierna. En este sentido, la representante ministerial remarzó que la motivación debe ser una decisión que defienda el “interés público”. Además, los tribunales ya se han pronuncado al respecto y prima más la calidad que la cantidad de la respuesta. No obstante, existe la figura de la alegación para reclamar una motivación más extensa y precisa sobre la modificación que se pretende realizar.
¿En qué punto se encuentra el PGOU de Ceuta? En la jornada también participaron arquitectos de la Ciudad Autónoma en el coloquio final sobre el estado actual de los trabajos de revisión y adaptación del PGOU de Ceuta. Uno de los ponentes fue Javier Arnáiz Seco.
El arquitecto explicó, en declaraciones previas al coloquio, que el PGOU está pendiente de uno de los informes del Ministerio de Medio Ambiente para completar la memoria medioambiental, necesaria, para elevar el PGOU a su aprobación provisional. A partir de ese momento, se abrirá el periodo de los informes sectoriales que explicó la subdirectora general de Urbanismo, Ángela de la Cruz.
Arnáiz precisó que se han presentado al PGOU un total de 82 alegaciones que serán respondidas una a una. Para tratar de acelerar los tiempos de los trámites, el arquitecto indicó que se abordará la aprobación provisional del PGOU en consenso con los informes vinculantes para que en quince o veinte días el Estado dé el visto bueno evitando así esperar los seis meses de plazo estipulado.
No obstante, desde la Consejería se ha encargado uno de los informes que por su especificidad requiere de una elaboración especializada, como es el informe aeronáutico, apuntó Arnáiz.