El caso de la ‘lista fantasma’ de las VPO de Loma Colmenar volvió ayer a recuperar el protagonismo que había quedado adormecido en estos meses. Y lo hizo al haberse fijado las declaraciones de los que fueron componentes de la Comisión Local de la Vivienda.
Así, a partir de las 9.30 horas, fueron desfilando por el despacho de la magistrada del número 1 los diputados Mohamed Ali, Rabea Mohamed, la que fuera por el PSOE, Milagros García y la que en su día fuera máxima responsable en Emvicesa, Susana Román. El hecho de que las actuaciones sigan bajo secreto de sumario impidió que se conociera detalles sobre las declaraciones ofrecidas, pero sí que trascendió la prueba física que aportó Mohamed Alí para demostrar ante la magistrada lo que ya se había dicho antes de forma verbal: que nunca se dio validez a la lista de adjudicatarios de las 317 VPO que luego aparecerían en un medio de comunicación, supuestamente filtradas por quien fuera viceconsejero del área, Antonio López.
La famosa acta del 21 de febrero de 2013 nunca pasó por aprobación de la Comisión. En ésa fue en la que, según dijo López, se habría conocido la lista y se habría avalado determinados cupos de beneficiarios. Alí trasladó a la magistrada una documentación firmada por la asesoría jurídica de Emvicesa en la que se hace constar de manera textual que “consultadas las actas, no consta la aprobación de la del 21 de febrero de 2013”.
“Allí nunca se aprobó listado alguno”, aclaró a su salida de los juzgados Mohamed Alí. “Todo lo demás” que se haya dicho “no se corresponde con la realidad”, apostilló.
“Nosotros no vimos ninguna listado, no se trató ninguna lista ni se trajo ninguna relación con nombre y apellido”, sentenció. Lo trasladado a su señoría pudo ser apreciado además por los letrados personados en esta causa, tanto Jorge Gil Pacheco, que lleva la representación de varios de los miembros de la famosa lista, y Juan Alinquer, que defiende los intereses de Antonio López. La prueba aportada por Alí va en contra de las declaraciones ofrecidas en fase de instrucción por López, que mantuvo que en esa Comisión sí se había analizado un listado con beneficiarios.
Ni Rabea Mohamed, ni Milagros García ni Susana Román quisieron prestar declaración alguna ante los medios de comunicación que, desde primera hora de la mañana, se daban cita en el Palacio de Justicia. Todos ellos, al igual que un funcionario de Emvicesa, estaban llamados a declarar en calidad de de testigos. El secreto de sumario sigue pesando sobre las actuaciones judiciales.
