La Comisión de la ‘lista fantasma’ se somete a la instrucción judicial

El PP ve “prudente” suspender el foro de investigación política sobre las 317 VPO y la oposición aprecia “oscurantismo”.

La Comisión de Investigación que el Pleno acordó crear en julio del año pasado para intentar esclarecer en el ámbito político lo sucedido con el proceso de adjudicación de las 317 VPO de Loma Colmenar hasta la publicación de una 'lista fantasma' de beneficiarios volvió a reunirse ayer en una sesión en la que el PP impuso con sus únicos votos a favor la "suspensión" de sus actividades hasta que la magistrada que instruye la causa judicial abierta sobre el mismo tema no levante el secreto de sumario decretado sobre las diligencias.
Representantes de los cuatro partidos de la oposición en la Asamblea (PSOE, Caballas, MDyC y Ciudadanos), por un lado, y del Gobierno local, por otro, comparecieron a última hora de la mañana ante los medios para, los primeros, bramar contra la decisión del PP, que se negó a dar curso a la solicitud de comparecencia de las dos consejeras que formaban parte durante la pasada legislatura de la Comisión Local de la Vivienda, Susana Román y Rabea Mohamed.
Ambas habían quedado, tras la primera y única convocatoria del foro de investigación político, el 22 de septiembre, en que expondrían su versión después de declarar como testigos en sede judicial, trámite al que se sometieron hace dos semanas.
Esos planes se han visto justificadamente alterados, según argumentó ayer el consejero de Fomento, Néstor García, por la imposición del secreto, lo que aconseja "suspender" cualquier trámite en la Asamblea hasta que no se levante la cautelar, renovada ya en tres ocasiones.
Para los Populares "sería imprudente e incluso temerario mantener una investigación y hacer declaraciones simultáneas y paralelas a unas diligencias judiciales declaradas secretas". "No queremos politizar un asunto trascendente que nosotros mismos llevamos al Juzgado con una denuncia", explicó García, que considera que la actitud de su partido es "un ejemplo de prudencia".
Todo lo contrario le parece a las formaciones de la oposición. La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, criticó con dureza la decisión del PP, a la que se refirió como un "alarde de oscurantismo", una decisión "dictatorial" y una "falta de respeto a la ciudadanía" en una Comisión que según lamentó ve que se ha convertido en "un paripé con el que solo quieren engañarnos y no depurar responsabilidades".
La diputada socialista Nuria Miaja habló también de "falta de respeto" y de "fraude institucional" del PP con la intención de "que la oposición pida la disolución de la Comisión", algo que el PSOE no piensa hacer. Javier Varga (C's) también dejó claro su "desacuerdo" con el PP, ya que estima que todas las derivadas registradas en relación con esa promoción, pendiente ya solo de entrega, no pueden saldarse con esclarecer responsabilidades exclusivamente penales.
Mohamed Haidor, diputado de Caballas, opinó igualmente que la instrucción judicial "no es incompatible con la actividad de la Comisión de Investigación" y recordó que la coalición "siempre ha exigido la máxima transparencia al Ejecutivo local".