Caballas, que recuerda que dicha propuesta nació de la coalición, señala que una vez publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad la normativa, los afectados porque sus viviendas estén fuera de la ordenación, es decir sean ilegales, pueden iniciar los trámites para contratar la luz. Esta medida afecta sólo a las viviendas que ya existen, no a las de nueva construcción.
Caballas señala que una vez que en su sede de Grupo se cumplimentan los trámites, una inspección de Fomento e Industria mandada por la Ciudad tiene que revisar la vivienda para que se autorice la dispensa de suministro eléctrico.
La coalición considera que sí puede anunciar esta actuación, a pesar de que la Delegación del Gobierno solicitó al juez, tras llevar el caso al Contencioso Administrativo, que parara la entrada en vigor de la ordenanza hasta que los tribunales no resuelvan dicho recurso. Según fuentes oficiales, de acuerdo con el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado, la ordenanza no sería de aplicación, así que cualquier trámite iniciado al respecto caería en saco roto.
En su última comparecencia de prensa, el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, replicó que, con acciones como ésta, queda claro cuál es el “nicho electoral de Caballas”, refiriéndose a los moradores de viviendas ilegales.
El recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Ciudad de concesión de permisos de luz y agua para viviendas que se encuentran en situación de irregularidad se presentó hace una semana, haciendo alusión al artículo 15 de la ordenanza para vetar su aplicación.
Para González Pérez, que la Delegación haya llevado a cabo esta acción no choca con el apoyo que la Ciudad ha dado a la propuesta de Caballas, resumiendo la disparidad en “un problema de índole técnico-jurídico”.
Distintos puntos de vista sobre el asunto
Las dos administraciones han mostrado distintos puntos de vista sobre el mismo asunto: mientras que la Ciudad apoya la propuesta que en su día presentara Caballas, la Delegación del Gobierno ha mostrado, desde el principio, una visión distinta, defendida por los representantes jurídicos. Pero la historia no queda sólo ahí, puesto que entidades como la asociación de promotores también han mostrado una línea de apoyo a las tesis hechas público por la Delegación, con lo que los frentes opuestos bien definidos quedan claros en torno a un asunto que será dirimido por los tribunales.
