Asturias vuelve a liderar, por sexto año consecutivo, el ranking con un 99% de disponibilidad on-line, siendo la brecha digital de 49 puntos con la Ciudad Autónoma de Melilla, la peor clasificada por sexto año consecutivo. Ceuta se sitúa ligeramente por debajo de las medias nacionales (80%), con un 78% de media global de disponibilidad de servicios en Internet.
En concreto, los servicios analizados son, en el caso de los ciudadanos, la posibilidad de tramitar el pago del impuestos, buscar empleo privado o consultar la oferta de empleo público, pedir ayudas a la familia por hijos, solicitar becas de estudios, ayudas a personas con discapacidad o a personas mayores, certificados de instaladores, permisos relativos al Medio Ambiente, admisión de Alumnos en centros docentes públicos (no Universitarios), cubrir tasas autoliquidables, ayudas a inmigrantes, certificado de discapacidad, ayudas a Programas Juveniles, vivienda de protección oficial, cita médica y tarjeta sanitaria
De cara a las empresas, se analiza si se puede o no abonar impuestos sobre máquinas recreativas, pedir autorización de instalaciones eléctricas, usar los registros de Actividades Turísticas y Empresariales, reclamar subvenciones I+D+i, para creación de empleo o para contratar colectivos específicos, gestionar la apertura de un centro de trabajo o intervenir en el Registro de Licitadores.
Con respecto a los servicios orientados a la ciudadanía, Andalucía comparte la primera posición del ranking con Asturias, distanciándose un punto de Madrid y Navarra. Ceuta, La Rioja, Castilla y León, País Vasco, y Castilla-La Mancha completan el grupo de las 9 Autonomías que se posicionan por encima de la media global (82%).
En crisis, más útiles que nunca
“Es fundamental impulsar la modernización de la Administración de manera que se aproveche toda la capacidad tecnológica existente, convirtiéndose en un agente potenciador de la calidad, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos”, subraya la Fundación Orange, que aboga porque, en paralelo, se estimule “la interoperabilidad entre Administraciones, y la reducción o supresión de las cargas administrativas y las obligaciones de información impuestas a la ciudadanía y empresas”. “En este contexto de crisis económica, la reducción de cargas administrativas permite reducir los costes tanto a las empresas como a los ciudadanos y dedicar los recursos a otras actividades, mejorando así la productividad”, subraya.
