Acudió ayer la consejera de Fomento, Susana Román, al frente del equipo que revisó las obras ilegales que se han realizado en los últimos años en las 225 viviendas de Loma Colmenar. Es cierto que el Gobierno va a ser inflexible, pero tendiendo la mano. De ahí, que la propia consejera hablara con el presidente de la asociación de vecinos para que en el plazo de un mes se pueda volver a analizar la situación y que los vecinos devuelvan a su estado original todas aquellas obras que se han realizado de manera ilegal, pero que, de manera esencial, pongan en peligro determinadas circunstancias. Se quiere flexibilidad, no entrar como un elefante en una cacharrería, pero que entiendan que todo ha tocado a su fin. Borrón y cuenta nueva siempre que exista colaboración, de lo contrario, están dispuestos a aplicar la legislación hasta el extremo si hace falta de denunciar el contrato de algún inquilino, porque no olvidemos que no son propietarios. Se ha pedido colaboración, ahora la pelota está en el tejado de la asociación de vecinos y de los propios inquilinos. Confiemos en que no se haga necesario la adopción de medidas que se consideren luego desproporcionadas.
