A pesar de algunas discusiones que existían ayer sobre que la Ciudad Autónoma no era competente a la hora de poder sancionar a los presuntos implicados en el robo de cinco mil euros del interior de un establecimiento en el mercado central lo cierto es que tiene todas las bendiciones legales para poder hacerlo.
En primer lugar porque los dos trabajadores no pertenecen al Plan de Empleo denominado de la Delegación del Gobierno y donde la Ciudad Autónoma lo único que tiene es una encomienda de gestión y el empleador es el Ministerio de Administraciones Públicas y en su defecto en nuestra ciudad el delegado del Gobierno. Estas dos personas, como ya publicamos en nuestra edición del miércoles pertenecen al Plan de Empleo de Corporaciones Locales, el cual comenzó el pasado uno de noviembre y tiene la misma finalización que el de la Delegación del Gobierno, el treinta de junio. El Plan de Empleo de Corporaciones Locales que se dedicó en su integridad a los más jóvenes y por tanto menores de treinta y cinco años.
No es el caso por supuesto de que hubiera sucedido en el Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno, donde en ese caso cualquier posible caso de sanción se tendría que ejecutar desde la misma Administración Pública.
De todas maneras, hay quienes apunta a que es posible algún tipo de sanción para los dos presuntos ladrones ya que cuando se firma un convenio y quien contrata es la Administración, esas personas tienen la consideración de empleados públicos durante la citada etapa y por lo tanto está sujetos al Régimen Disciplinario de los Empleados Públicos.
Hay que recordar como con el anterior delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, se tuvo mano dura con una serie de vigilantes que se encontraban en el Parque de San Amaro y que tuvieron unos comportamientos indecorosos con determinados soldados. A estas personas se les rescindió de manera clara y contundente su contrato con la Administración General del Estado. Tampoco en muchas ocasiones desde el mismo empleador se ha debido actuar contra los trabajadores del Plan de Empleo por la comisión de los mismos de presuntos delitos.
