La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, elevará al Pleno en la Sesión Ordinaria correspondiente al mes de febrero que se celebrará pasado una mañana una propuesta para dar carpetazo definitivo al proceso de reestructuración frustrado del sector público empresarial de la Ciudad Autónoma y para sentar las bases del futuro que le espera. El Ejecutivo que preside Juan Vivas no renuncia, aunque naufragase la hoja de ruta original, a “seguir avanzando en la racionalización de medios, la optimización de recursos, el mantenimiento del empleo estructural y la mejora de los niveles de transparencia y eficacia”.
A tal efecto, el Gobierno adquirirá seis compromisos negro sobre blanco: “actualizar los objetos sociales” de las entidades públicas; “favorecer” los “mecanismos de colaboración” entre éstas y la Administración; “establecer planes de gestión por objetivos”; “facilitar” la movilidad laboral; dotar a cada entidad de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y “tender hacia la homogeneización de las condiciones laborales”; y “fijar de manera clara y precisa, preservando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, los procedimientos y criterios relativos al acceso al empleo”.
El Pleno aprobará “estimar” los recursos presentados por cuatro funcionarios y, en consecuencia, “dejar sin efecto los Acuerdos Plenarios” del 3 y del 17 de diciembre del año pasado que daban pie a la creación de los Servicios Regionales que, con forma de Organismos Autónomos, iban a acoger en su seno a las empresas municipales abocadas a la disolución, todas menos Acemsa y ‘Puerta de África’, la que gestiona el Hotel Tryp.
Con esta marcha atrás la Asamblea se propone, según la literalidad del argumentario que expondrá Bel al Pleno, “evitar una situación litigiosa que puede derivar en un clima de intranquilidad o inseguridad en torno a unos servicios necesarios, en muchos casos imprescindibles, en los que trabajan muchas personas”. Igualmente se quiere “prevenir riesgos de un desenlace judicial objetivamente incierto que pudiera conllevar graves e irreversibles consecuencias, de conformidad con el asesoramiento recabado de los Servicios Jurídicos de la Administración”.
Una vez completada esta rectificación, la Administración local debe dar los pasos necesarios para integrar en sus sociedades matrices a Obimace (en Obimasa) y al Parque Marítimo del Mediterráneo (en Procesa), ya que la Ley de Racionalización de la Administración local establece que cualquier entidad ‘de segunda generación’ debe quedar disuelta en el plazo máximo de seis meses a partir de su entrada en vigor. El expediente de la propuesta incluye informes de la Intervención y la Secretaría General de la Asamblea que acreditan que la Ciudad Autónoma “cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria a los efectos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera” y que “todas las entidades dependientes” de la matriz del Ayuntamiento “se encuentran en situación de equilibrio financiero, esto es, con capacidad de financiación”. La única excepción es ‘Acuicultura de Ceuta’, sin actividad durante el ejercicio pasado y pendiente de disolución.
En cuanto a “la única sociedad considerada de mercado” de acuerdo con la legislación vigente, ‘Puerta de África’, los técnicos municipales recuerdan que solamente podría considerarse en “desequilibrio financiero” si acumulase “resultados negativos de explotación en dos ejercicios contables consecutivos”. La empresa se libra porque pese a que cerró 2012 con número rojos (-308.548 euros), el año pasado lo hizo en positivo (5.157 euros).
