El Gobierno que preside Juan Vivas ha contestado por escrito a una de las interpelaciones presentadas al Pleno la semana pasada por Caballas que no pudieron tratarse en la Sesión por falta de tiempo.
Se trata de la relativa a “las razones por las que no existe un acuerdo o protocolo on la Delegación del Gobierno para ordenar y regular el tráfico en la zona aledaña a la frontera”.
En su contestación, el Ejecutivo local recuerda a los localistas que la Carretera Nueva que une el centro con el Tarajal “es competencia exclusiva a efectos de control de Tráfico de la Delegación del Gobierno a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
No obstante, la Administración autonómica destaca que “al margen de ámbitos competenciales, la Policía Local colabora en multitud de ocasione con la Guardia Civil en la ordenación del Tráfico en la referida Carretera Nacional 352”.
El Ejecutivo ceutí sostiene la disquisición competencial en lo recogido en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; en la de Bases de Régimen Local y en la de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como en un informe elaborado por el superintendente de la Policía Local, Ángel Gómez.
En cualquier caso, el equipo de Vivas ha explicado a la formación que lidera Mohamed Ali que sus contactos y reuniones con la institución de la Plaza de los Reyes “son continuos” y que la Benemérita y la Policía Local también tratan frecuentemente “todo lo relacionado con el tráfico rodado en la zona aledaña a la frontera”. “El asunto en cuestión”, resume la respuesta del Gobierno ceutí, “se trabaja de manera coordinada siendo consciente de la importancia que la N-352 tiene no solo en el espacio fronterizo sino en la repercusión que deriva en el resto de la ciudad”.
Caballas considera que los problemas ocasionados por las retenciones en la frontera dan pie a “un caos circulatorio en las zonas aledañas que está alcanzando cotas insoportables” y que la ciudadanía y los servicios públicos “sufren diariamente situaciones verdaderamente dantescas” ante la “inhibición” de las Administraciones Públicas.
