Entre 20 y 25 toneladas de residuos y escombros al día. Ese es el volumen que recogen las patrullas de Obimace, dependientes de la Consejería de Servicios Comunitarios y Barriadas, para intentar acabar con la problemática de los vertederos incontrolados tanto en el monte como en otras zonas urbanas. Lo que pasa es que es complicado y a pesar de los efectos que debería tener esta labor la basura no desaparece. “Lo que más cuesta es eliminar los vertederos que aparecen en zonas pequeñas, de difícil acceso, y que localizamos a través de denuncias ciudadanas o controles”, sentencia la Ciudad. Hoy por hoy la aparición de pequeños puntos negros es el grave problema medioambiental al que se enfrenta la institución municipal. Ya no se trata de controlar los grandes vertidos ahora clausurados en la curva del Jato, en Loma Colmenar o en las antiguas caracolas. Ahora se trata de buscar esas zonas en las que las furgonetas descargan materiales de obra, chatarra o los particulares echan basura. “Los vertederos han disminuido presencialmente en un 35 ó 40%, ahora tenemos localizados una decena pero no son los macrovertederos de antaño, y sobre ellos estamos actuando”, añaden.
Recoger a diario, de media, 25.000 kilos de residuos es una cifra escandalosa para una ciudad como Ceuta, pero es a la que se enfrenta Obimace, con grupos de entre 40 y 45 personas que se dedican a estas labores y que se concentran en patrullas distribuidas por García Aldave, San Antonio o Loma Colmenar. Cuentan con una máquina excavadora, un dumper y un camión y disponen del apoyo puntual de personal del Plan de Empleo cuando está operativo.
Las sanciones son elevadas, pero la clave está en sorprender al autor de dichos vertidos in fraganti para que el expediente fructifique y dé como resultado una multa importante. La propia Ciudad reconoce lo complicado de sorprender in fraganti al autor. Se sabe que se busca lugares escondidos, sin vigilancia policial para favorecer estas actuaciones que constituyen un delito contra el medio ambiente. Los autores son variados. Están aquellos que quieren evitar el abono de la tasa correspondiente para depositar los residuos en el barranco de Piniers y aquellos que, habiendo cobrado el dinero de los dueños de los escombros para que los depositen en el barranco optan por embolsarse los euros, engañar al pagador y arrojar los escombros en el monte. Cometen un delito sin que el dueño de la empresa lo sepa y, además, estafan al propio empresario que cree que ha cumplido con la ley. Casos de estos pillos hay ya varios. Que terminen con una sanción en toda regla sería lo suyo, pero no siempre se alcanza ese fin.
Mientras los grandes vertederos se han conseguido clausurar evitando que se llenen de residuos, crecen los pequeños puntos negros que, en algunos casos, llevan años de vida. “Estamos hablando que en algunos casos son vertederos de difícil acceso, precisamente los que tiran los residuos buscan eso, que no se pueda acceder con facilidad y así no son vistos. Nos podemos enterar por las denuncias que llegan o por los controles que se hacen”, apuntan. Las imágenes reproducidas en este reportaje han sido tomadas en las últimas semanas en los montes, peinándose desde el Hacho hasta Valdeaguas o García Aldave. Al abandono de basura pura y dura se añade el vertido de escombros procedentes de obras, de chatarra y de electrodomésticos o partes de baños inservibles tales como lavadoras, bañeras o frigoríficos. También vehículos o partes de los mismos. ¿A qué se debe esto? La Ciudad tiene una respuesta clara. La retirada del depósito judicial de los hermanos Rivero, que se clausuró debido a las obras del Hospital Universitario y la urbanización del entorno de Loma Colmenar, tiene mucho que ver. Que esta instalación estuviera operativa ayudaba, y mucho, a que no se viera tanto coche abandonado en la calle o en los montes. Su cierre ha provocado la generación de un problema ya que ni el depósito de Benzú puede acumular tanto vehículo ni la planta de tratamiento de vehículos puede colaborar en la eliminación de tanto coche. Así que la lectura es más que evidente: se tiende al abandono, algo que también padecen los montes.
El pasado fin de semana la Jefatura Superior hacía balance de la llamada ‘Operación Fénix’, imputando a seis personas por un posible delito medioambiental. Dicha actuación se ha ceñido únicamente a seis chatarrerías, pero la problemática es aplicable a los propios montes o al mismo entorno del barranco de Piniers en donde se almacenan los vehículos en desuso.
La Ciudad considera que la apertura de Piniers no está relacionada directamente con la aparición de los vertederos, ya que, insiste, “se mantiene esa especie de cultura de ensuciar el monte. Se hacía antes, cuando no existía Piniers, y se hace ahora, cuando lleva años abierto. No es un fenómeno nuevo, así que no tiene sentido vincular la aparición de vertidos de escombros con el cobro de la tasa”, aclaran.
El endurecimiento de las sanciones tampoco parece que sea una respuesta eficaz, más si cabe cuando en demasiadas ocasiones, localizado el punto negro, resulta complicado señalar quién ha sido el autor de lo que supone un claro atentado medioambiental. Una normativa local son sanciones elevadas que no ataja el problema La actividad sancionadora por parte de la Ciudad tiene que ver con la normativa existente encuadrada en la ordenanza de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, recién reformada, que contempla sanciones de hasta 3.000 euros para las infracciones muy graves. Estas últimas son las que se refieren a los vertidos de tierras y escombros en lugares no autorizados” o las actuaciones que han terminado por “ensuciar la vía pública con motivo de transporte de materiales de obra, tierras, escombros o, residuos industriales o especiales, al no haber adoptado medidas en el vehículo para impedir los vertidos”. Afecta al desguace de vehículos maquinaria, electrodomésticos u objetos similares en locales, recintos y zonas privadas, careciendo de la correspondiente autorización administrativa o desprenderse de residuos no utilizando los contenedores. Los pequeños vertederos erigidos en quebradero de cabeza para la Ciudad no son siempre producidos por las obras, sino que, en muchas ocasiones, se trata de acciones desarrolladas por particulares. Tanto la Policía Local como el Seprona son los que deben velar por intentar sancionar a los autores de dichos vertidos. La única solución medioambiental que existe hoy para deshacerse de los residuos es pagar la tasa que se fija en el barranco de Piniers por la empresa que lo explota, Makerel. Las tarifas oscilan entre 10 y 15 euros por tonelada, en el caso de los escombros de las obras. Si se trata de la llamada basura doméstica, es decir, muebles, electrodomésticos y aparatos eléctricos y electrónicos están Urbaser y la Fundación Ecotic. Aun así se opta por evitar la vía del pago para ser partícipe de un delito contra el medio ambiente penado como tal. El gran problema actual La Ciudad señala los pequeños vertidos como estos, fotografiados en pleno Monte Hacho o en la zona de Valdeaguas, como uno de los graves problemas a los que cabe hacer frente. 1Residuos. Como los de la imagen que se corresponden con restos de obra y alquitrán. Son muy dañinos contra el medio ambiente y están en pleno Hacho. 2Lavadoras. Estos son residuos de particulares, buscan adentrarse en el monte para deshacerse en mitad del camino de lo que ya ha perdido vida útil. 3Cerca de la fortaleza del Hacho. En donde choca la visión patrimonial y turística de la ciudad con los montones de residuos en pleno monte. 4En las explanadas. Se adentran los vehículos y arrojan escombros de las obras en vez de depositarlos, como está marcado por ley, en el barranco de Piniers. Acostumbran a hacer las descargas cuando comprueban que no hay presencia policial.