La Ciudad rechaza “anudar” todos los posibles perjuicios que alega Invercap

 El Pleno de la Asamblea aprobará con toda seguridad el próximo lunes un expediente de modificación de créditos del Presupuesto de la Ciudad para este año que, entre otras partidas, incluye una de 754.718 euros para “indemnizar” a ‘Invercap Ceuta’, la promotora de la promoción inmobiliaria del Pasaje Fernández, por el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado mes de febrero que formalizó el desistimiento de la Administración en el procedimiento de expropiación planteado en 2011.

Dicha cantidad vendrá, según el expediente técnico instruido, a cubrir “los gastos de las intervenciones arqueológicas” que Invercap tuvo que realizar por encargo de la Administración. La indemnización está muy lejos de las pretensiones de la promotora, que ha judicializado el asunto, porque, según se relata en el expediente, “respecto al daño emergente y a la edificabilidad, el potencial perjuicio al que alude no debe ser objeto del presente procedimiento, por cuanto ni es consecuencia directa del desistimiento ni es efectivo”. La instructora considera que no se pueden “anudar” en un mismo procedimiento “los perjuicios ocasionados por otras circunstancias, máxime cuando éstos han sido y son objeto de otros expedientes aún en tramitación y más avanzados en su desarrollo”. “Así”, añade, “los perjuicios producidos con motivo del desistimiento no deben absorber los que han sido producidos por otras causas originadas en el funcionamiento de la Administración, sino que han de centrarse en el acto administrativo como consecuencia del cual se ha originado la lesión”. La Administración defiende que “goza de un cierto margen de apreciación para decidir cuándo es posible u oportuno continuar con la tramitación de un procedimiento”. Invercap ha reclamado 5,8 millones de euros “por los perjuicios que cree se le han ocasionado como consecuencia de la necesidad de modificar el proyecto ante la aparición de los restos”, aunque el análisis de la Administración los rebaja a poco más de 400.000 euros, cuestión que está sometida a dictamen del Consejo de Estado. La promotora también solicita 6,6 millones por “los daños sufridos desde que fue exigida la modificación del proyecto directamente relacionados con los gastos derivados de las excavaciones, de la paralización de la promoción, costes de realojos, sobrecostes de división de proyectos, lucro cesante y daño emergente”.