Destacar que la portavoz en esta ocasión de la coalición Caballas fue la diputada Fátima Ahmed quien reflejó, en líneas generales, que esa recuperación de suelo se produzca a la mayor brevedad posible y de manera gratuita.
El portavoz del Gobierno y consejero de Fomento y Medio Ambiente, Guillermo Martínez, dio lectura a uno de los puntos del acuerdo que firmaron en Sevilla el pasado mes de enero tanto Vivas como Imbroda y que fue apoyado por el vicesecretario general del PP, Javier Arenas y el coordinador en materia económica de la ejecutiva nacional popular, Cristóbal Montoro.
Ese reforzamiento de estos dos líderes nacionales del Partido Popular significaba que si el PP llega al gobierno se llevarían a cabo todos los puntos introducidos en el mencionado documento.
Y entre esos puntos figuraba desde luego, tal y como reflejó el portavoz, precisamente, la cesión gratuita de suelo propiedad del Ministerio de Defensa que ahora mismo ya no tenga una función para el ramo militar de cara a la construcción de infraestructuras y de promociones de viviendas.
Si hubo un pequeño intercambio de pareceres entre el portavoz del PSOE, José Antonio Carracao y el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez.
El socialista dijo en primer lugar que el Ministerio de Defensa se financia con dinero procedente de la venta de los terrenos que son de su propiedad y son vendidos a administraciones o a particulares y reflejó que ellos también defienden esa posibilidad y buena prueba es el acuerdo cerrado entre los Ministerio de Defensa y de Educación para que se pueda construir un centro escolar en el solar de la antigua Fábrica de Harinas. Sin embargo si echó en cara a los miembros del Partido Popular que donde antes no apoyaban la citada cesión gratuita ahora si se apuntan.
Desde el punto de vista de Guillermo Martínez le avanzó que cuando se constituya el nuevo gobierno después de las elecciones del veinte de noviembre si se verá la colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta por parte del Ministerio de Defensa para contar con suelo que permita la construcción de infraestructura y de viviendas.
No olvidemos que la última compra efectuada por la Ciudad Autónoma al departamento ministerial de Defensa, dentro del protocolo que firmaron ambas administraciones, ha sido el antiguo acuartelamiento del Brull y el coste fue de diez millones de euros aproximadamente.
Martínez niega la sanción a los parados
Durante el debate de la moción sobre la aprobación inicial de la ordenanza de ruidos, el portavoz de Caballas acusó al equipo de gobierno que durante los últimos años no había hecho nada en relación con los ruidos en nuestra ciudad, cuando la nuestra es de las poblaciones más ruidosas de España. Si reflejó que una de las pocas actuaciones en esta materia había sido la sanción a los parados que durante varios meses se manifestaron por la calles de nuestra ciudad, “porque a ustedes les molestaba”.
Sobre este particular incidió el portavoz del ejecutivo, Guillermo Martínez, para reflejar que además de esa apertura de expediente, “que no fue a los parados, sino al sindicato Comisiones Obreras”, también se había trabajado en otros muchos detalles en cuanto a la situación del ruido en Ceuta.
Las obligaciones del mapa de ruidos
El Gobierno autonómico mantiene que el Ayuntamiento no tiene ninguna obligación de redactar un mapa de ruidos en Ceuta porque la ley dice de manera muy clara que son para poblaciones con más de cien mil habitantes, circunstancia que no se da precisamente en nuestro caso. Pero aún así, aseguró a los miembros de la oposición que iban a llevarlo adelante y la prueba estaba de que desde comienzos del año 2011 una empresa privada viene trabajando en la redacción de este mapa de ruidos. Por ello, el mismo Aróstegui había acusado al ejecutivo presidido por Vivas de no haber ejecutado esta promesa y “además ustedes utilizan el número de habitantes de Ceuta según les conviene, en algunos momentos somos un ente que nos codeamos con las comunidades y en otras, como ésta, una aldea”.
El Gobierno defendió la subida del precio del taxi por el incremento del IPC del transporte
Para el Gobierno autonómico la subida de treinta céntimos en la carrera mínima del servicio público de taxis se sustenta en que el IPC del sector del transporte se ha incrementado en un dieciséis por ciento en los últimos tres años, el tiempo en que ha permanecido congeladas las mencionadas tarifas.
Además destacó con que se cuenta con un dictamen del Consejo Económico y Social, al igual que el visto bueno de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y las asociaciones de consumidores.
Aún así defendió el portavoz gubernamental que tras la subida que se proponía nuestra ciudad continuaba siendo la tercera con los precios más baratos, después de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, según una encuesta que se ha publicado recientemente.
Defendió por otro lado que por parte del Gobierno se había incrementado la inspección del servicio de taxis para el cumplimiento de la ordenanza reguladora.
Una crítica por parte de Juan Luis Aróstegui en el sentido de que el Gobierno no había sido sensible con los grupos que más utilizan el servicio de taxis, entre los que destacó a las personas mayores, aduciendo además que la subida era del diez por ciento y que el incremento del IPC había sido del 5,2%.
Pidió que se quedara el incremento encima de la mesa reflejando que el Gobierno no había tenido en cuenta que para el uno de enero los autónomos y asalariados del taxi iban a tener una rebaja del cincuenta por ciento en las cuotas de la Seguridad Social y que ello podría servir para que el precio siguiera igual.
El PSOE, a través de José Antonio Carracao, dijo que tenía una alternativa, después de reuniones con los profesionales, para que no se incrementara el servicio a cambio de compensarlo con lo que se paga de más en el litro de combustible.
