La Ciudad hace pruebas de ADN a diez niños inmigrantes para luchar contra las redes de trata

El Defensor del Pueblo fue el primero en alertar sobre la utilización de menores con los que obtener un trato preferente para entrar en España, es decir, advirtió de que inmigrantes irregulares llegaban a las ciudades autónomas y las costas andaluzas acompañados de niños que, pese a no ser sus hijos, presentaban como tales para garantizar que la Administración bloqueara la expulsión a sus países de origen. El Área de Menores de la Ciudad Autónoma investiga en estos momentos diez casos de niños residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que llegaron a Ceuta acompañados de adultos con el fin de acreditar su relación paternofilial. En concreto, esta decena de menores corresponden a siete núcleos familiares, según el Gobierno autonómico.
El personal del departamento efectúa las entrevistas pertinentes y las pruebas de ADN que arrojarán resultados inequívocos del vínculo biológico. La realización de estos exámenes se efectúa ante la inexistencia de documentación veraz del vínculo de filiación o pruebas fehacientes del mismo. Estas indagaciones coinciden con el debate interautonómico entre los representantes de las comunidades y la Fiscalía General del Estado, del cual surgirá un nuevo protocolo por el cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán realizar las pruebas de paternidad en el mismo instante en que los agentes toman los datos de filiación.
En caso de que el presunto padre, hasta que se demuestre lo contrario, se niegue a esta prueba voluntaria, los efectivos tendrán motivos suficientes para sospechar de la naturaleza de la relación entre el menor y el adulto. De este modo, informaron desde el Área de Menores, los agentes tendrán capacidad para adoptar medidas inmediatas. Las mafias que se encuentran detrás de este delito llegan a comprar y vender a los niños, y a los supuestos progenitores se les imputa por la alteración de la paternidad.
Tras la última reunión entre las partes implicadas en este protocolo inminente, distintas comunidades autónomas interpusieron varias alegaciones al texto diseñado junto a Fiscalía.
En la actualidad, existe el Dictamen 2/2012 sobre el tratamiento a dar a los menores que, sin documentación o con documentación no fiable, arriban a España de forma irregular con personas que dicen ser sus padres.
El problema de fondo que se percibe en estas situaciones es el de las sospechas de las ONG y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, basado en indicios ciertos de que algunos de estos casos de traslado de menores se esconden actividades delictivas de trata de seres humanos.
En la ciudad autónoma de Melilla, la Operación Herodoto se inició en 2011cuando la Guardia Civil detectó este nuevo procedimiento utilizado por mafias internacionales de trata de seres humanos para hacer llegar inmigrantes.
Este sistema consistía en embarcar a mujeres con menores de edad y simular que eran hijos de éstas previo pago.