El grado de ejecución presupuestaria de la partida del Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS) de la Ciudad Autónoma ha alcanzado al cierre del tercer trimestre del ejercicio en curso un 124,5%, según los datos de contabilidad pública sin tratamiento del Área de Intervención de la Administración local.
Ello quiere decir, en términos absolutos, que el Gobierno que preside Juan Vivas ha abonado ayudas de esta naturaleza por importe de 498.000 euros, casi 100.000 por encima de lo presupuestado inicialmente (400.000 euros), que fue suplementado en agosto con otros 250.000 euros.
Los pagos efectivamente realizados con cargo a la partida de alojamiento alternativo alcanzan a fecha 30 de septiembre algo más de un millón de euros, un 86,3% de lo consignado en el Presupuesto de la Ciudad a principios de año.
En términos globales, el presupuesto de gastos de la institución (presupuestado para todo el ejercicio en curso en 274 millones) alcanza un grado de ejecución del 67% que se eleva hasta el 94,1% si lo que se tiene en cuenta es lo efectivamente abonado y los pagos pendientes (160,8 millones) sobre las obligaciones reconocidas (170,8 millones).
En el apartado de ingresos, al cubrir las tres cuartas partes del año se han logrado unos ingresos netos de 147,3 millones de euros sobre un nivel de derechos reconocidos netos de 172 millones. Esto quiere decir que el nivel de derechos reconocidos llega a un 62,7% de las previsiones iniciales y que lo efectivamente recibido es un 85,6% de las obligaciones tramitadas.
La partida de multas y sanciones, por ejemplo, la Administración autonómica ha generado un 133% de derechos reconocidos por encima de lo previsto: en todo este año se contempló ingresar 1,2 millones por este concepto y hasta el 30 de septiembre ya se habían computado 1,6 en ingresos potenciales de los que únicamente se han percibido en las arcas municipales 303.115 (se han devuelto 8.549 euros). Los otros 1,3 millones figuran en el apartado de deudores.
El Gobierno que preside Juan Vivas comenzó a publicar en 2011 de forma voluntaria, coincidiendo con la obligación que se impuso a las Comunidades Autónomas, sus balances trimestrales de ejecución presupuestaria.
