El Ejecutivo de Ceuta no sólo piensa “eliminar” las jornadas partidas y especiales que, con carácter general, “se estimen innecesarias y prescindibles en momentos como los actuales” sino también asegurarse de que su personal atiende sus obligaciones de 8.00 a 15.00 horas de forma escrupulosa. El ‘Plan de Sostenibilidad Presupuestaria’ (PdSP) aprobado el lunes por el Consejo de Gobierno, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, también eleva a la categoría de problema pendiente la verdad de la calle que apunta que en la Asamblea hay demasiada manga ancha. Dicho documento establece la necesidad de imponer “un exhaustivo control del cumplimiento de jornada de los empleados públicos”. La puesta en práctica de este principio exigirá que cada consejero presente “en cada Consejo de Gobierno” una relación detallada “de los incumplimientos detectados durante la semana” para que se lleve a cabo “la debida detracción proporcional de haberes sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a la que la misma pueda dar lugar”. En paralelo con este principio, el Ejecutivo que preside Juan Vivas ha decidido llevar a cabo una “estricta aplicación” de las normas aprobadas en el Consejo de Gobierno del pasado 16 de diciembre, en el que se dio luz verde a un nuevo modelo de gestión de las incapacidades temporales, con las que “se inició la lucha contra el absentismo en nuestra Administración”. Estas normas, que entre otras cosas exigen que todo empleado público que se encuentre en situación de baja médica deba justificarla de manera obligatoria desde el primer día de enfermedad, “se harán extensivas a todo el sector público”. Extremar el control sobre el absentismo laboral y las incapacidades laborales transitorias es una de la media docena de ‘Medidas estructurales de reforma’ incluidas en el PdSP que Márquez detallará hoy a los sindicatos en la Mesa General de Negociación de la Ciudad Autónoma. Las otras cinco son: 1) la anunciada “reordenación del sector público empresarial”; 2) la “revisión de los Convenios Colectivos de las Sociedades y Organismos autónomos”; 3) la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que conlleve una reasignación de efectivos “en función de las necesidades de los distintos sectores de actuación pública”; 4) el reinicio de las negociaciones para firmar antes del 31 de marzo un nuevo Acuerdo Regulador y Convenio Colectivo del Ayuntamiento “que sustituya al vigente y en el que se tengan en cuenta las circunstancias especiales en las que nos encontramos”; y 5) la “homogeneización retributiva de todo el personal al servicio del sector público”. Amenaza de suspensión El Plan aprobado deja claro, literalmente, en relación con el reinicio de las conversaciones para dotar a funcionarios y Personal Laboral de un nuevo marco regulador, que de no alcanzarse un acuerdo con los sindicatos antes de abril “se procederá a la suspensión de la aplicación del actual”. Igualmente, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece que se paralizan “todas las convocatorias de personal actualmente en marcha o programadas” y que “no se realizará ninguna convocatoria de nuevo ingreso, suspendiéndose además las que haya en curso tanto de promoción interna como las consolidaciones de empleo”. Además, el PdSP apunta que el Ejecutivo local “reconsiderará” el abono retributivo en concepto de productividad que perciben algunos trabajadores y decreta que “se eliminarán las jornadas partidas y especiales con carácter general que se estimen innecesarias y prescindibles en momentos como los actuales, sin perjuicio de las particularidades que puedan presentar determinados servicios, así como se procederá a la modificación de la retribución establecida por dicha jornada”. Esta última medida, la que más rechazo ha generado entre los más de mil trabajadores de la Administración local, conllevará un ahorro cifrado en un millón de euros, casi lo mismo que se verán obligadas a dejar de gastar las distintas Consejerías (1,18 millones). Para llegar a los 8,05 millones que prevé ahorrar el documento habrá que recortar 3,5 millones en las sociedades municipales, aminorar el gasto en energía (520.000 euros) y suprimir la subvención al butano (750.000), entre otros pasos.
Cuatro ámbitos de actuación; tres ritmos de activación
El ‘Plan de Sostenibilidad Presupuestaria’ (PdSP) aprobado por el Consejo de Gobierno este lunes incluye cuatro ámbitos de actuación diferentes “para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas y, con ello, garantizar el ejercicio de las responsabilidades y políticas públicas de las que debemos responder ante los ciudadanos”. Por un lado, aborda medidas estructurales de reforma de la Administración y de su sector público “que deberán tener su reflejo en una mayor eficiencia de la misma a un menor coste”. En segundo lugar plantea “medidas concretas de supresión de actuaciones o programas que se consideran no imprescindibles”. Además, propone iniciativas “para reducir determinados gastos que se consideran susceptibles de ser mejorados en términos de coste y eficacia” y, por último, programa “la activación de mecanismos de financiación que complementen la previsión de ingresos disponibles para los próximos ejercicios”. Su puesta en marcha dependerá “de su diferente procedimiento de tramitación”. “Unas”, precisa el documento, “son de inmediata aplicación, otras requieren del sometimiento al dialogo con los representantes de los empleados públicos, y otras requieren que se activen mecanismos de indisponibilidad en el presupuesto vigente”.EL FARO Cuadro de ahorros previstos con la aplicación del PdSP.