El ‘Ceuta Center’ acogió ayer una reunión entre técnicos de las consejerías de Hacienda, Fomento y Medio Ambiente, por un lado, y de la empresa pública Tragsa, por otro, para concretar las opciones de intensificar la colaboración entre la Ciudad Autónoma y esa sociedad estatal para que esta se encargue, vía encomienda de gestión, de algunos proyectos incluidos en el Plan de Inversiones (“en ningún caso del Plan de Barriadas”) de la Administración local, que no se dejará “exclusivamente” en sus manos más allá de algunos proyectos “que por su carácter esencialmente medioambiental o por su especial complejidad encajen dentro del objeto social y las características de esa empresa”.
La consejera de Hacienda, Susana Román, negó rotundamente en declaraciones a ‘El Faro’ que esas encomiendas sean “de dudosa legalidad”, como denunció el pasado fin de semana Caballas a este periódico, o que con esta política se vaya a “abocar a la muerte” a las empresas locales.
“Las encomiendas de gestión a una empresa pública que es un instrumento propio de la Administración como Tragsa están avaladas por la Ley de Contratos del Sector Público, incluso tras su última modificación, y determinados proyectos del Plan de Inversiones especialmente significativos por sus especificidad técnica o complejidad no podrían ser adjudicados a empresas locales, por lo que ambas afirmaciones de Caballas faltan a la verdad”, aclaró Román.
La consejera recordó también que Tragsa deberá subcontratar “hasta el 49% de los proyectos” a las empresas locales, “que en ningún caso tienen la experiencia y la capacitación que se exige para poder concurrir como licitadoras a determinados proyectos como, por ejemplo, los de los puentes de La Almadraba-Miramar o Arroyo Paneque”.
En este sentido, Román remarcó que en obras anteriores como la del Paseo de La Marina “ya se exigió a la adjudicataria que subcontratase en la ciudad todo lo posible, como así se hizo con el transporte de materiales o la mano de obra sin cualificación”.
La encomienda de gestión a Tragsa tiene, además, a juicio del Gobierno de Vivas, otras ventajas. Entre ellas Román citó la posibilidad de ganar en “certidumbre” en el cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución de los proyectos y la de evitar la “litigiosidad” en la que están derivando muchos concursos que se dirimen exclusivamente atendiendo al precio más barato.
“No estamos encontrando con muchas obras que no podemos adjudicar en plazo, con lo que acaba perdiendo la Administración y la ciudadanía en general, que no puede disponer de equipamientos e infraestructuras necesarios”, razonó Román.
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