La Ciudad Autónoma sigue siendo más traslúcida (“deja pasar la luz, pero que no deja ver nítidamente los objetos”) que transparente. Durante el año pasado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió 26 reclamaciones relacionadas con Ceuta, sobre todo por demanda de información no satisfechas por el Gobierno local, mayoritariamente debido al ‘silencio’ de la Administración, y admitió un total de 18. En cuatro acordó retrotraer las actuaciones para que el Ejecutivo remitiese la petición a la ‘ventanilla’ adecuada y en otros tantos casos rechazó las solicitudes por haberse presentado inadecuadamente en tiempo o forma o incumbir a asuntos protegidos por otros derechos preponderantes.
El MDyC es, de lejos, el protagonista del mayor número de quejas formuladas
La relación de reclamaciones formuladas ante el órgano creado para “lograr una Administración mejor, más abierta y sobre todo más democrática, caracterizada por la transparencia y el gobierno abierto” es extensa e incluye, entre las admitidas, el acceso a los informes jurídicos relacionados con la reducción de la cuotas de la Seguridad Social en Obimace, los relativos a la retirada del envío de la factura en papel de Acemsa, las liquidaciones efectuadas a los antiguos gerentes del ICD, el número de MENA atendidos, los trabajos subcontratados por RTVCE o los informes emitidos por la Dirección Facultativa del contrato de Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Domésticos desde la adjudicación a Trace.
Cuando el Consejo admite las quejas recibidas insta a la Ciudad Autónoma (o a quien corresponda) a que “en el plazo máximo de quince días” proporcione la información solicitada y no satisfecha y a que se la remita igualmente en el mismo plazo.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) es, de largo, el agente que más recurre a este camino, aunque el año pasado también lo hicieron en Ceuta personas individuales y sindicatos como CSIF.
Desde fuera de Ceuta pero relacionada con la ciudad solo quedó constancia de la petición de la Asociación Acción Enfermera para acceder a información sobre los dos últimos procesos electorales celebrados en el Colegio de Enfermería, en concreto “todas las actas derivadas de cada uno de los procesos”. Se negó alegando “una interferencia ilegítima en la actividad colegial” pero ese argumento no se aceptó.
Sí se han inadmitido otras solicitudes cuando han pecado de presentarse de forma demasiado apresurada, como las del MDyC para acceder a cómo justifica ‘Septem Solidaria’ la subvención que recibe o a en cuántos gastos incurrió RTVCE durante la Feria de los últimos años.
Las nóminas de trabajadores, solo de eventuales directivos o de libre designación
Sí se han estimado, por ejemplo, las peticiones relativas a cómo acreditó la Asociación Ceutí de Familias Numerosas (ACEFAN) su subvención municipal en 2016.
El MDyC preguntó por nóminas de dos funcionarios y se precisó que “la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos, sólo en caso de que los afectados ocupen puestos de personal eventual de asesoramiento y especial confianza, personal directivo o no directivo de libre designación, siendo denegado el acceso en caso contrario, al entenderse que no prevalece el interés público y sí el individual personal”.aq
Casi tres años de delegación de ‘insatisfacciones’
El Gobierno de la Ciudad acordó hace ya casi tres años dejar en manos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la tramitación de las reclamaciones que, relacionadas con el derecho a saber, presentasen personas o entidades contra el proceder del Ejecutivo autonómico. En concreto delegó “la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones que presenten sus ciudadanos, en los casos en los que el solicitante de información no vea satisfecha su demanda”.
