El Gobierno de la Ciudad Autónoma ha dado el primer paso formal para concretar lo que hasta ahora se describía como “una de las alternativas” sobre la mesa para no hacer desaparecer directamente las Brigadas Cívicas que, con once trabajadores, la Administración local ha venido financiando hasta ahora a través de un convenio con la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso. El segundo expediente de modificación del Presupuesto de la Ciudad para el ejercicio en curso, que el Consejo de Gobierno aprobó anteayer y que aún debe ser sometido a la consideración del Pleno, contempla el traspaso de los más de 213.000 euros inicialmente consignados para renovar el acuerdo con la entidad vecinal a la partida que sufraga, por más de 3 millones de euros, el mantenimiento de las Brigadas Verdes, en este caso bajo la cobertura de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y con más de 150 empleados.
El Ejecutivo que preside Juan Vivas había esgrimido hasta ahora que la de traspasar a la FPAV las Brigadas Cívicas del Príncipe, dedicadas entre otras tareas “de índole social” al acompañamiento de los autobuses que llegan hasta la barriada, era solamente “una opción” de entre las que se estaban barajando.
La renovación del convenio con la Asociación de Vecinos que preside Abdelkamal Mohamed se enquistó definitivamente a principios de este año, aunque los problemas con la justificación de las subvenciones recibidas se remontan a varios meses atrás.
Hasta la fecha el Ejecutivo local se ha remitido a los criterios técnicos que no admiten la documentación presentada como válida para dar por bueno el uso dado a los fondos públicos recibidos.
El colectivo de trabajadores denunció en marzo que lleva sin cobrar desde julio de 2013 y pidió dejar de depender de la entidad vecinal, que tampoco quiere ampliar su relación pero a la que acusó de llevar una “nefasta gestión económica y administrativa”. Igualmente cargó contra la Consejería de Medio Ambiente por llevar “un negligente control que ha permitido el desenlace caótico de estas Brigadas”.
Según fuentes de la Asamblea, el traslado de los trabajadores de las Cívicas que pasen a depender de la FPAV no incluiría a los empleados que se demuestre que han podido tener algo que ver con el descuadre de cuentas del convenio, que a su vez serían sustituidos por otras personas.
El mes pasado los afectados dijeron “sospechar” que Ciudad y Asociación de Vecinos habían llegado “a algún tipo de pacto para tapar agujeros administrativos y otras responsabilidades susceptibles de desprenderse de todo este desaguisado, dejando fuera de juego a más 10 padres de familias”.
El Tribunal de Cuentas, alerta desde 2008 El ‘Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2008 y 2009’ del Tribunal de Cuentas, conocido a finales del año pasado, advirtió a la Administración local de que “no se ha tenido constancia de que las personas contratadas para el desarrollo de los programas de convivencia, que formaron parte de las denominadas ‘Brigada cívicas’ fueran seleccionadas a través de concurso u otro proceso de selección basado en los principios de publicidad, mérito y capacidad”. En la misma línea, alertó de que no se conocían los estados de cuentas de la Asociación de Vecinos, declaración de otras ayudas recibidas o las memorias
económicas correspondientes.