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Los titulares de Deportes y Hacienda, Fernando Ramos y Susana Román, han defendido esta mañana la postura que ha seguido el Gobierno en torno a la polémica suscitada con la Hípica, ya que el próximo 30 de junio se vence el contrato por el que Javier Pérez ha estado gestionándola.
Román se ha defendido ante los titulares de prensa de hoy, que recogen la denuncia de Pérez ante la Fiscalía acusando al Gobierno en general y a Ramos en particular de persecución hacia su persona. Román no solo lo ha negado sino que ha defendido todos los pasos que se han intentado llevar a cabo para rentabilidar el centro ecuestre, teniendo en cuenta además la necesidad de "redimensionarlo" toda vez que está perdiendo el número de participantes de forma gradual (en dos años se ha pasado de 276 alumnos a los 130 de éste).
Los contratos menores que se han llevado a cabo hasta la fecha han sido "transparentes", forzados porque había que "responder de manera inmediata" a la situación generada. Durante este año la Ciudad ha estado preparando el pliego para el contrato que debería servir para sacar a concurso la Hípica pero tal y como han concretado Román y Ramos fue imposible al producirse un desfase entre el precio de licitación: 600.000 euros, y la partida que tenían prevista: 400.000. El porqué de este desfase viene motivado porque los pliegos se han hecho teniendo en cuenta los caballos que hay en la actualidad, más de 110, y no los 70 que debería haber. Durante este tiempo los equinos de Pérez han aumentado en número ya que han nacido potros.
"Queremos un desenlace pacífico", ha insisto Román, avanzando que antes del 30 mantendrán reuniones con Pérez para buscar una solución que, deja claro, no pasará por la compra de los caballos. "La Ciudad no va a comprar ni un lagarto", ha matizado.
La hoja de ruta hasta el 1 de julio pasa por cumplir con la ley, atender el interés general y garantizar la viabilidad económica de la Hípica. No quieren adelantar conclusión alguna pero no se descarta su cierre. Lo que tienen claro, eso sí, es que no van a dejar que los caballos mueran de hambre así que si Pérez no los saca de la escuela los tendrá que mantener la Ciudad pero pasará factura a Pérez y si éste no paga cabría hasta su embargo.
Por cierto que a los dueños privados de varios caballos no se les ha estado cobrando, algo atribuido a una "deficiente gestión del ICD" que ha reconocido la Ciudad.
