La Ciudad acata una sentencia judicial y derriba una vivienda ante la crispación vecinal

Los ocupantes, una familia con varios hijos, serán acogidos en una pensión hasta que se aclare su futuro. El Gobierno señala que dio cumplimiento a una sentencia del Juzgado de lo Penal 2 que ordenaba su derribo. Hubo una intervención policial, momentos de tensión y críticas.

Unidades del Cuerpo Nacional de Policía, tanto de la UIP como de la UPR, así como agentes de la UIR y del GOA de la Policía Local controlaron en la mañana de ayer el desahucio de una familia que habitaba una vivienda de varias plantas en el Príncipe Alfonso que tenía que derribarse por orden judicial. La Policía daba así cobertura de seguridad a la ejecución de la orden de desalojo de la familia, después de que la Ciudad Autónoma fuera notificada del fallo firme del Juzgado de lo Penal que ordenaba el derribo al haberse levantado una casa de tres plantas en suelo de propiedad municipal, no urbanizable y destinado a zona verde.
Miembros de Caballas y de Podemos así como gran cantidad de vecinos del Príncipe e integrantes de la asociación vecinal del barrio hicieron acto de presencia en el lugar desde primera hora de la mañana para apoyar a los afectados: un matrimonio con cinco hijos, toda vez que en ese momento no se les había dado alternativa de acogida alguna.
Sobre el terreno se dibujaban dos imágenes bien distintas. Por un lado, la de aquellos que estaban presentes para avalar la ejecución judicial y por otro, una familia que lleva 25 años viviendo en la misma casa, que pagaba los recibos de luz y agua, que incluso había abonado previamente una multa. Además, para mayor incongruencia, la vivienda está rodeada por un muro cuya construcción la llevó a cabo la propia Ciudad Autónoma. “¿Si es ilegal, por qué hicieron este muro, por qué han estado aceptando los pagos de los recibos de todo?”, exponían los vecinos in situ. “Si tiran esta casa tienen que tirar todo el Príncipe y hasta el Hospital que también es ilegal”, añadía otra vecina.
La Ciudad aclaró anoche en nota de prensa que la construcción de la casa se hizo sin licencia de obra ni posibilidad siquiera de disponer de ella al no poderse urbanizar en este lugar.
A los comentarios de protesta que esta situación generó se añadieron los gritos contra la actuación llevada a cabo; indignación sustentada en el hecho de que el afectado hubiera abonado todas las sanciones y recibos pero, más si cabe, porque en ese momento carecían de una alternativa posible de alojamiento. “Los van a echar de aquí y no tienen a dónde ir”. En ese momento pasaban las 9.30 horas y Hassan y sus familiares directos solo sabían que les tocaba abandonar la vivienda. El diputado de Caballas, Mohamed Alí, no se apartaba del teléfono móvil intentando obtener una respuesta del paso posterior al derribo. Poco después se produciría la actuación de la UIR de la Local y el consiguiente pico mayor de tensión que tuvo lugar justo cuando algunos agentes llegaron a hacer uso de las porras contra vecinos y familiares que estaban en la entrada de la vivienda para así forzar a su retirada. Después de esta acción, muy criticada por los presentes al considerar que no se tenía que haber llegado a ese extremo, se procedería a alejar a las personas del entorno de la casa acordonando el perímetro más próximo, llegando unidades del CNP a modo de refuerzo.
Ahí no terminaría la actuación, ya que varios vecinos y familiares se subieron a la azotea de la casa y permanecieron durante un tiempo allí en protesta por lo sucedido.
Según la Ciudad, esta actuación se encuadra en el trabajo desarrollado por el Servicio de Disciplina Urbanística de la Consejería de Fomento que contó con el respaldo de la Delegación del Gobierno, todo ello al dar cumplimiento de una sentencia en la que se especificaba que “el cabeza de familia es criminalmente responsable de un delito contra la ordenación del territorio tipificado en los artículos 319.2 y 3 del Código Penal, incluyendo la demolición de la obra ilegal construida”, acción que ha ejecutado la Ciudad, propietaria del terreno, y que la Administración local cargará al condenado.
Los hechos hasta la demolición de la vivienda ilegal se remontan a antes de noviembre de 2009, cuando el condenado levantó el inmueble, que llegó a alcanzar las tres plantas, y ya en 2010 se instruyeron diligencias previas y el Ministerio Fiscal concluyó que la edificación contravenía la ley y calificó la acción como constitutiva de un delito contra la ordenación del territorio, derivando dicho proceso en la ejecución llevada a cabo ayer.
La llegada de miembros de Asuntos Sociales desató la indignación de los presentes que recibieron con gritos y protestas a sus componentes. Les recriminaban que no hubieran alcanzado un acuerdo previo y que en esos momentos la familia no supiera cuál iba a ser su destino inmediato. Después de varias horas de diálogo y tras alcanzarse el compromiso de que toda la unidad familiar fuera acogida durante varios días en una pensión, se desbloqueó el problema, comenzándose, en torno a las 11.00 horas, el vaciado de toda la casa.
Camiones del Parque Móvil y de Obimace sirvieron para la carga de muebles, ropas, colchones, maletas, sillas, mesas... todo lo que conforma lo que ha sido el hogar durante 25 años de la familia de Hassan. Los propios afectados colaboraban en el traslado de sus pertenencias, los adultos cargando enseres, las niñas portando sus maletas y juguetes. Los vecinos, que seguían tras el cordón policial montado, iban abandonando la zona pero algunos incansables permanecían allí mostrando su solidaridad con los afectados. “No hay derecho”, decían. “Lo que no entendemos por qué ahora esto, por qué la derriban. Que miren más zonas en las que hay otras casas y no las tiran”, añadían. La familia asegura que todavía estaba en vigor el plazo de recurso, pero sin embargo la orden se había ejecutado.
Pasadas las 15.00 horas, se procedía a la ejecución de la demolición de la casa pero de forma parcial. Según fuentes oficiales, las tareas continuarán en el día de hoy.
La Ciudad Autónoma ya anunció el derribo de la casa hace un par de semanas, engarzándolo en la hilera de actuaciones que se van a llevar a cabo en varias barriadas siempre que vengan avaladas por sentencias judiciales. La institución municipal aclara que hay varios expedientes de viviendas ilegales cuyo procedimiento aún no ha finalizado de ahí que no se actúe. Se han demolido ya viviendas en la barriada Juan Carlos I y de forma parcial en calle Velarde.

De la comunicación al derribo

A primera hora de la mañana diputados de Caballas y miembros de Podemos se personaron junto con muchos vecinos del barrio para apoyar a la familia. Se produciría primero la llegada de la UIR y después del CNP para, horas después, producirse el desalojo de todas las personas que quedaban en el interior de la casa e incluso en la azotea. Una vez acordado que la familia tendría un lugar en donde dormir los ánimos se calmaron y se empezó a sacar todos los enseres del hogar. Pasadas las 15.00 horas comenzó el derribo de la vivienda sobre la que pesaba una sentencia en firme del Juzgado de lo Penal por levantarse una casa en suelo de propiedad municipal.