El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones abiertas hace un año y medio previa denuncia de Caballas por cómo contrató Tragsa a aproximadamente medio centenar de personas para poner en marcha su primera gran encomienda de limpieza de espacios públicos “por no constituir los hechos infracción penal”.
Las diligencias previas número 539/2017 se incoaron en virtud de una denuncia formulada por el portavoz de la coalición, Mohamed Ali, en relación a unos hechos inicialmente calificados como presunto delito de tráfico de prevaricación.
A estas alturas se considera que “se han practicado y agotado las diligencias de instrucción posibles y necesarias para llegar al momento de tomar una decisión sobre el destino procesal de la causa”.
Y la decisión, según el auto judicial, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, se ampara en lo previsto en el Convenio Colectivo de Tragsa y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para concluir que “practicadas las diligencias esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho denunciado, las personas que en él han intervenido y el órgano competente para el enjuiciamiento, no resultan acreditados indicios de actuación penalmente responsable contra las personas investigadas” en el marco de la causa.
Convenio Colectivo
En concreto para el Juzgado ha resultado determinante que el Convenio de la empresa pública, medio propio también de la Administración autonómica ceutí, establezca en lo relacionado con el ámbito de Personal en su apartado d) que “se excepciona” de su ámbito de aplicación “el personal laboral que, por la naturaleza de su prestación, esté incluido en el ámbito de aplicación de uno específico, salvo el personal de campo y forestal, que en todo caso se incluirá en el ámbito de aplicación del de Tragsa”
Igual consideración se establece en relación con aquellos trabajadores que se incorporan a formar parte de la plantilla de Tragsa “como consecuencia de una subrogación y que tengan convenio propio se estará a la legislación vigente aplicándoles su convenio propio”.
Caballas exigía “convocatoria pública”
Caballas fundamentó su denuncia ante la Justicia por la selección de unos 50 trabajadores sin convocatoria pública en que "el indubitado carácter público estatal de la empresa le obliga al cumplimiento de lo establecido en el EBEP en materia de recursos humanos", en concreto a darle "publicidad" a sus convocatorias de empleo y a sus bases; "transparencia" e "imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección". Además resaltó que su Convenio exige que el personal sea contratado previa convocatoria y proceso de selección de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad" pero no consideró las excepciones ahora.
Solución de emergencia al no poder esperar “dos meses” al SEPE
Tragsa explicó ya el penúltimo verano que los peones que había contratado para limpiar zonas de difícil acceso, el área fronteriza y otros espacios singulares salieron de los currículums que la empresa tenía al no ver viable efectuar el proceso de selección a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), como se comprometió a hacer en el futuro, porque reclamaba “dos meses” para completar sus procedimientos.
El mes pasado, un informe del director general de Presidencia dictaminó que la Administración carece de competencia para “establecer una cláusula obligatoria que imponga a Tragsa la contratación de manera directa a través del SEPE a todos los trabajadores necesarios para la ejecución de las obras salvo para puestos de una cualificación muy concreta y especializada y previa justificación de esta condición”.
El protocolo que usa Tragsa es: la Gerencia de Zona comunica a la de Recursos Humanos de la Unidad Territorial dicha necesidad y confecciona una oferta de empleo en el modelo oficial facilitado por el SEPE, siendo este organismo el que se encarga de publicitar la misma y de ofrecer los candidatos que se hayan postulado”. "Ha venido solicitando al menos tres candidatos para cada puesto a cubrir para sus necesidades de peones y oficiales en Ceuta”, refirió Sánchez, salvo en la primera tanda denunciada.
Que Mohamed Alí pague las costas del juicio ya que le gusta mucho acudir a los Tribunales