La casa por el tejado

En las adjudicaciones de Viviendas de Protección Oficial (VPO), habrá quien conozca algún caso en el que un vecino, un primo, un amigo,.., se haya “saltado el procedimiento” para al final conseguir la casa que quería, sin que nadie nunca se atreviera a poner nombre y apellidos a esos “saltos”. Cosas que te cuentan, rumores, comentarios de unos y de otros, asuntos todos que se quedan en cotilleos.

Cotilleos que dejan de serlo hasta que alguien cabreado y descontento habla a cara descubierta y pone nombres y apellidos a los “saltos”, da detalles de cargos, funciones, cantidades, compromisos. El despecho de uno ha llevado hasta los juzgados entre otros muchos, a tres miembros de la Asamblea de Ceuta por primera vez en la historia de nuestra ciudad. No nos alegramos de la caída en desgracia de las personas, vaya eso por delante, muy al contrario es algo que personalmente lamentamos, pero no podemos dejar de congratularnos porque la justicia actúe en este caso y se depuren las responsabilidades a que haya lugar. Si al final del proceso los servidores públicos resultaran inocentes, nos congratularíamos aún más.

La detención de, hasta el momento, mas de 20 personas, explica que uno de los delitos que se les imputan a alguno de ellos sea de “pertenencia a organización criminal”. Es decir, de lo instruido hasta la fecha debe desprenderse que se ha cometido, entre otros muchos, el delito que recoge el art. 570 bis 1, párrafo 2º del Código Penal que dice “a los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. Es decir, a la gravedad de los distintos delitos que aparecen se añade la gravedad de haber, supuestamente, construido un entramado con vocación de estabilidad, para la comisión de distintos delitos relacionados con la adjudicación de viviendas de titularidad pública. El escándalo al que nos aboca el enjuiciamiento de este asunto es sin lugar a dudas de un enorme calado. Curiosamente, pese a la gravedad de los hechos, no se ha visto ni oído nada en ningún medio de comunicación nacional. Ni siquiera en la RTVE, que es la televisión que mantenemos con nuestros impuestos. Pero ese es otro asunto.

La medida 93 del acuerdo de investidura que firmaron los líderes de Ciudadanos y PP, establece que todos los cargos públicos investigados deben ser apartados de la política. En este sentido el Partido Popular cumple su parte del acuerdo, admitiendo la dimisión y renuncia de sus cargos de las dos consejeras investigadas. Les honra. En cuanto al otro miembro de la Asamblea, el Diputado por Coalición Caballas. ¿Con qué legitimación puede seguir en su cargo público, aquél que está en libertad con cargos previa acusación formal, del delito de malversación de fondos públicos? ¿Con la legitimación de que no sabemos de que se le acusa? Es erróneo pensar que la mejor defensa es un buen ataque, porque las insinuaciones injuriosas sabemos todos que pueden acabar en los tribunales, pero claro, cuando las argumentaciones para la defensa no se las cree ni el que las hace, no cabe defensa alguna, sino intentar trasladar el foco mediático para otro lado.

Sólo nos queda esperar que el procedimiento siga su curso y que la tramitación no se eternice, ya llevamos casi dos años, pero sobre todo esperamos el levantamiento del secreto de sumario para que todos podamos saber hasta dónde llega este caso.