Con la publicación, por entregas, de lo tratado en la reunión que hace más de dos años tuvo lugar en el despacho oficial del Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el Magistrado jefe de Anticorrupción de Cataluña, Daniel de Alfonso, se han desatado las iras de los independentistas y de aquellos que quieren pescar, como sea, en río revuelto.
“¡Dimisión! ¡Cese inmediato! ¡Fuera Rajoy! ¡Escándalo!” gritan desaforados. Pues bien: lo ilegal, lo inaudito, es que se haya podido grabar esa conversación nada menos que en el citado despacho oficial, porque de lo publicado sobre cuanto hablaron dichos interlocutores no se desprende vulneración alguna del Código Penal.
Aquel encuentro no fue más que un “vis a vis” entre dos españoles con altas responsabilidades que coincidieron, y coinciden, en algo al parecer tan horrible e intolerable para algunos como es la firme creencia en la unidad de España y en la necesidad de defenderla, en esa unidad indisoluble que otros -quienes más gritan ahora- desean romper, más que nada porque al ser Cataluña una comunidad próspera, y en virtud del principio constitucional de la solidaridad, reparte con comunidades menos ricas un poco de lo que allí recauda el fisco. El “España ens roba” que tanto han invocado los retrata. Con eso como motor, y con la apelación a sentimientos como la bandera, muchas veces “estelada”, el Barça o el idioma, se sienten ahora intocables.
No importa, por lo visto, que la grabación sea ilegal y totalmente rechazable. Les sirve a sus propósitos y, si pueden, acabarán condecorando a su autor. Se descubre lo hablado en la lógica seguridad del despacho oficial del Ministro de Interior, ilícita e increíblemente vulnerada, una conversación que revela deseos, creencias y convicciones, pero de la cual -hasta ahora al menos- no se desprende ilegalidad alguna, y todos los que pretenden sacar alguna tajada de ello graznan, como buitres, sobre la cabeza del actual Ministro de Interior en funciones y, de paso, sobre la de Mariano Rajoy.
Sería interesante oír a cuantos han ocupado tan delicado cargo, si estuvieran dispuestos –que no lo estarán- a contar cuanto se dijo en ese despacho mientras lo ocuparon. Ellos, mejor que nadie, sabrán todo lo que hubo en su época, hasta en las llamadas “cloacas” del Estado. Pero callarán, sin duda.
Queda por aclarar, además, la cuestión de si le es posible dimitir a un Ministro en funciones. La todavía vigente Ley 30/1997, del Gobierno, dispone en su artículo 21, en cumplimiento de la Constitución, que el Gobierno continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Existe, pues, la obligación legal de continuar, máxime cuando en ese periodo no parece posible nombrar nuevos Ministros al Presidente en funciones. Curiosa circunstancia que, al parecer, no tienen en cuenta quienes claman por la cabeza (en sentido figurado, quiero creer) de Jorge Fernández Díaz.
Mi amigo Jorge, no me avergüenza decirlo.
