El reciente varapalo a la Justicia española, por la negativa del juez de un lander alemán a considerar el delito de rebelión aplicado a Puigdemont, pone en cuestión la pomposamente denominada "euroorden".
Este mecanismo, que se puso en marcha para agilizar las extradiciones entre los países miembros, necesita urgentemente una revisión y una armonización de legislaciones. Porque, de momento, solo resulta útil para la entrega de asesinos y ladrones. Pero se ponen en tela de juicio las garantías procesales para temas de mayor enjundia, como el intento de quebrar la legalidad constitucional española con la declaración de la Republica catalana.
Para formar parte del selecto club de la UE, lo primero que hay que acreditar es el funcionamiento democrático de sus instituciones, la separación de poderes y las garantías judiciales. ¿En qué punto la Constitución española no cumple cualquiera de esos parámetros?
Si todos los jefes de Estado y de Gobierno han apoyado de manera expresa la legalidad española, descartando las campañas, pagadas con dinero público, con las que Puigdemont y sus consejeros intentaron vender un presunto derecho a la independencia, no se explica que un juez alemán considere que el único delito del prófugo sea la malversación de caudales públicos. ¿Toleraría Berlín que Renania del Norte-Westfalia declarara unilateralmente la independencia?
Dado el auge de los nacionalismos en Europa, no estaría de más que, en su próxima cumbre, los dirigentes europeos afronten una única legislación para hacer frente a los procesos de secesión que amenazan a varios de sus miembros. Precisamente el apoyo a España de las instituciones europeas y del resto de las cancillerías se debe, básicamente, al riesgo de contagio de la revuelta catalana.
Es verdad que el ejecutivo de Mariano Rajoy, con su indolencia, no ha hecho la imprescindible pedagogía entre sus colegas europeos y los medios de comunicación para alertar del riesgo que conllevaría un cierre en falso del intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes.
Que Rajoy, un tal Dastis (que es ministro de Asuntos Exteriores pero que no se le ve) y Rafael Catalá, deberían no haber confiado ciegamente en que los demás, es decir, la Justicia española y Europa, solucionarían un problema de Estado --el más grave tras el 23F-- que les compete directamente.
Si la euroorden es el reconocimiento de que todos los países de la UE disponen de sentencias judiciales justas y de garantías legales plenas ¿donde está fallando la democracia española para que la mitad de un Govern que aprobó leyes de desconexión inconstitucionales, que celebró un referéndum ilegal y que declaró la ruptura del Estado, viva tranquilamente en distintos países socios en la Unión Europea, sin posibilidad de ser extraditados pese a haber sido procesados?
¿No deberían confiar los socios europeos en que el Tribunal Supremo descarte el delito de rebelión que les imputa el juez instructor LLarena, si en el juicio oral no se demuestra fehacientemente su comisión? Para esto, mejor retirar la euroorden.
