La defensa de la docente del ‘San Agustín’ reclama su absolución y dos acusaciones particulares, que se extienda la pena
La Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta dejó ayer vistos para sentencia los recursos cruzados formulados contra la sentencia del Juzgado de lo Penal que condenó a una maestra del Colegio San Agustín a quince meses de prisión y de inhabilitación especial para el ejercicio de la docencia en “cualquier centro de enseñanza, sea público o privado”, por un delito contra la integridad moral con agravante de abuso de superioridad por introducir a un niño de 3 años al que daba clase en un cubo de basura en dos ocasiones “con pleno convencimiento" de que su proceder afectaba "potencialmente al desarrollo integral y psicológico del menor de edad”.
La defensa de la condenada, A.G.R., basó su petición de absolución en que la sentencia de primera instancia llegó a conclusiones “no lógicas” al dar por probado que: 1) la maestra metió a un niño en el cubo “varias veces” cuando “no está probado que hubiese pluralidad de acciones”; 2) “se dio credibilidad a una profesora de apoyo que no se sabe cuándo dice la verdad”; 3) se aceptaron periciales psicológicas “no válidas”; o 4) se dictaminó que su proceder afectaba al desarrollo “pese a que ningún profesional aseveró tal cosa”.
Además, no aprecia que para una condena por un delito contra la integridad moral concurran la existencia de un trato “claramente vejatorio”, un “padecimiento físico o psíquico acreditado”, una “conducta exagerada” o un “trato degradante continuado y plural”. Según su criterio, la docente solo quiso “evitar un mal mayor” en una clase que era “un caos” y “eso no merece reproche penal sino, en todo caso, un procedimiento administrativo sancionador de la Inspección de Educación”. También apeló contra la pena de 2.000 euros impuesta en concepto de daños morales (con el centro concertado y una aseguradora como responsables civiles subsidiarios) y contra la obligación de asumir las costas de todas las acusaciones particulares.
Por las dos familias cuyas pretensiones no fueron aceptadas por el Juzgado de lo Penal, su letrado justificó la viabilidad de agravar la pena de primera instancia o imponer una condena y, sobre la “cuestión de fondo”, recalcó que el tema es “qué hacemos en un aula con niños de 3 años”. “¿Es una academia militar? ¿Queremos que sea Westpoint? Esto no se puede banalizar como un tema administrativo”, alertó remarcando que el caso “no tiene nada que ver con la comunidad agustiniana sino con la de una profesora que no se puede silenciar”.
Desde su punto de vista se “minusvaloraron” los informes psicológicos elaborados pese a que incluso la inspectora responsable dijo que “meter a un niño en una papelera suena abominable”.
“En esa clase había niños revoltosos y petrificados y una maestra se dedicaba a enderezarlos como fuera para que aquello pareciese 'La Traviata' de Sofía Coppola”, comparó el letrado, que negó afán “mercantilista” alguno.
LAS POSICIONES Fiscalía“Compartimos todos los argumentos de instancia” El Ministerio Público “comparte todos los argumentos” de la sentencia de primera instancia, en la que no encuentra “error alguno” en la apreciación de los hechos probados y su calificación penal. Dio “plena verosimilitud” al testimonio de la testigo principal y defendió la “imparcialidad” de los informes periciales cuestionados por la defensa de la docente.
Defensa“Evitar un mal mayor” Para la defensa de la docente condenada, más allá de que falten rasgos fundamentales del tipo penal aplicado, en su caso aparece una “eximente completa” que es que con su proceder quiso resolver el “caos” creado en el aula y “evitar un mal mayor apartando a un niño en el único sitio que podía hacerlo”.
ColegioEl ‘San Agustín’, sin recursos ni adhesiones El letrado del colegio recordó que el centro no recurrió la sentencia del Juzgado de lo Penal, rechazó los recursos de las acusaciones particulares y afirmó no tener “nada que decir” sobre el de la condenada.
Meter en un cubo de basura, “educar” o “maltrato”
El abogado de la familia del niño que según la sentencia de noviembre pasado fue metido al menos en dos ocasiones en un cubo de basura en clase por la docente equiparó ese proceder con un “maltrato humillante aunque no derive en consecuencias psicológicas”. Se negó a la absolución y se adhirió a los recursos de las otras acusaciones particulares.
Según el veredicto de noviembre, la maestra tuvo una actuación “injustificada, desproporcionada e innecesaria” porque “son precisamente los profesionales de la enseñanza quienes tienen que adoptar en supuestos de agresividad medidas proporcionales y acordes con la pedagogía moderna que sean compatibles con el desarrollo integral del menor como proyecto de persona adulta y evolucionada, y no castigos o actos tan atentatorios contra la dignidad del menor”.
Nada más lejos de la realidad a ojos de la letrada de la aseguradora del colegio, ‘Millennium’. La abogada llegó a decir que la docente “debería ser quien reclamase una indemnización moral porque no puede ir a ningún sitio sin que se la señale como maltratadora”. “Este ha sido un juicio más social y mediático que penal sobre una docente que lleva ocho años dando clase a niños de 3 y 4 años en uno de los mejores colegios de Ceuta sin ninguna queja”, censuró.
Desde su punto de vista, “seguro” que había intentado otras cosas antes que meter a un niño que según dice causaba todo el alboroto en clase. “Castigarle por una mala conducta es educarle, no crearle un trauma, y hasta su madre dijo que no podía con él: tuvo una mala conducta, se equivocó, pero los padres tendrían que darle las gracias y educar en vez de traer esto a sede judicial para que hable todo el mundo”, lamentó.
Además, para la letrada de la compañía el 'San Agustín' tiene “categoría suficiente” para “saber a quién tiene contratado” y para depurar responsabilidades internas si le hubiesen llegado más quejas de A.G.R.
“Puede que estemos ante un medio pedagógico innecesario pero no hay delito penal por meter a un niño en una papelera para evitar males mayores”, reiteró la abogada antes de negar peso a las periciales psicológicas efectuadas, en las que ha apreciado preguntas “dirigidas”.