La Sección VI de la Audiencia Provincial ha ratificado la condena de 4 años y 6 meses de prisión para un empresario llamado R.R., a quien la Guardia Civil vinculó con los algo más de 2 toneladas de hachís que fueron halladas en una batea en el puerto en marzo de 2013. Con esta sentencia, a la que ha tenido acceso El Faro, se ratifica la condena inicial que dictó el juzgado de lo Penal en la que considera suficientemente probado que el acusado, aprovechándose de su cualificación profesional como empresario de una mercantil malagueña, hizo llevar a Ceuta una batea con productos alimenticios para, una vez en la ciudad, practicar un doble fondo en el que esconder el cargamento, labor que se llevaría a cabo en el interior de una nave del Tarajal en la que no se pudo intervenir ante la falta de pruebas para iniciar otro operativo en ese lugar.
A la pena de cárcel se añade una multa de casi 3 millones y medio de euros, eximiéndole del pago de las costas procesales. La Defensa de R.R. consideró que su patrocinado, que fue detenido tres meses después de hallarse la droga en la batea (ya que esta había sido inmovilizada en el puerto pero con posterioridad se inició una investigación para dar con los responsables de la mercancía) había sido condenado sin existir pruebas suficientes como para enervar su presunción de inocencia, basándose solo en indicios. Consideró que para condenarlo “no bastaban sospechas, conjeturas o intuiciones”, por lo que en el recurso interpuesto ante la Audiencia como máximo órgano judicial en la ciudad, solicitaba del tribunal que o bien anulara lo dictado por el Penal o, subsidiariamente, rebajara la pena nunca superior a 3 años y 6 meses. La Audiencia no ha estimado el recurso, aclarando que existió fundamento suficiente para la condena y entendiendo la agravación derivada de la cantidad que pretendía trasladarse a la península. Las testificales de la Benemérita han sido de peso como para enervar la presunción de inocencia del acusado, quien, se destaca en el fallo judicial, no habría podido aportar una explicación convincente en torno a qué hacían las 2 toneladas de droga en la batea de su propiedad. Su versión exculpatoria de que terceras personas pudieron introducir la droga no cuadró al igual que su declaración sobre que marchó a Marruecos para pedir una explicación a los que presuntamente habrían introducido allí la droga. La realidad es que habría marchado al vecino país después de saber que su batea con la droga estaba retenida en el puerto y la Guardia Civil le estaba intentando localizar para que diera una explicación. Esta fue la razón por la que no fue detenido hasta tres meses después cuando se tuvo constancia de que se encontraba de nuevo en España.
La información de la ODAIFI puso en alerta a la Guardia Civil para encontrar la droga
En toda esta operación resultó clave la información aportada por la ODAIFI tras haber sido alertada por un funcionario de Vigilancia Aduanera perteneciente a la Unidad de Alto Riesgo. Se alertaba de que la empresa del detenido tenía un alto riesgo de realizar una actividad encubierta en base a varios datos: la coincidencia de importador-exportador, el escaso valor de la importación, que se trataba de una empresa de relativa creación y con escaso capital social y que había adquirido un vehículo sin que constara préstamos, amén de que había realizado pocas operaciones con Ceuta. Al acusado le constaba la percepción de ayudas por desempleo y se comprobó que tenía arrendadas varias naves en el Tarajal por las que, curiosamente, pagaba elevadas mensualidades. Con estos datos la Benemérita realizó un operativo para vigilar la batea que desembarcaba así como su marcha, comprobando que cargó en el Tarajal, que había sido manipulada y que el acusado quería que fuera cargada de las primeras en el ferry. En el registro se comprobó que tenía doble fondo.
