La Audiencia Nacional rechaza investigar la tragedia del 6-F

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha recogido en un auto firmado por el magistrado Fernando Andreu que no cabe lugar a aceptar la inhibición solicitada por el juzgado número 6 de Ceuta en las investigaciones en torno a las muertes ocurridas el pasado 6-F.

En una resolución judicial que fue conocida ayer, justo el día en que se cumplía el aniversario de aquellos sucesos que costaron la vida a 15 subsaharianos, la Audiencia Nacional rechaza investigar este asunto, devuelve el caso al juzgado de Ceuta y además puntualiza que no está acreditado que los inmigrantes murieran en las vecinas aguas marroquíes.
En el auto, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro, el magistrado Andreu alude a la postura que en esta historia ha mantenido el Ministerio Fiscal, que ya emitió informe en el que mostraba que no procedía dicha inhibición, línea ésta que también ha sido apoyada por el máximo organo judicial. De igual forma las distintas oenegés que forman parte de la Acusación Popular habían apoyado que el caso siguiera bajo la instrucción e investigación del juzgado ceutí.
Entiende el juez que a la “vista de las actuaciones llevadas a cabo por el juzgado de Ceuta cabe concluir que existe una certeza y una cuestión no acreditada”, resalta. “La certeza es que la actuación de la Guardia Civil se produjo en y desde territorio español, sin que nadie ponga en duda esta circunstancia, si bien no puede afirmarse con la rotundidad que en algunos escritos se expone que dicha actuación haya sido la causa de la muerte de los inmigrantes fallecidos, si bien dicha actuación está siendo objeto de investigación en la presente causa”, señala.
“Lo que en este momento no está acreditado es si las muertes de los inmigrantes se produjeron en España, Marruecos o territorios de ambos reinos, y ello es así por cuanto los cadáveres se rescataron tanto en aguas marroquíes como en españolas, siendo así que las corrientes marinas pudieron haber trasladado los cuerpos a uno y otro lado, o haberse producido las muertes en ambos territorios”,indica en su auto el magistrado.
“Aún así”, advierte, “y en el hipotético caso de que quedase acreditado que el fallecimiento se produjo en aguas marroquíes, la competencia seguiría siendo del juzgado de Ceuta”. Señala el juez Andreu a la doctrina del Supremo en la que se aclara que tanto la acción como el resultado son elementos del tipo, así que cuando la “acción y el resultado no tengan lugar dentro de una misma jurisdicción, es de aplicación el principio de la ubicuidad, según el cual tanto el lugar de la acción como el del resultado deben ser relevantes”.
Para más jurisprudencia sobre este asunto el magistrado alude a más sentencias del Alto Tribunal en las que queda clarificado que “el delito se comete tanto en el lugar donde se desarrolla la acción como en aquel otro en el que se produce el resultado”. Una teoría que se aplica al caso en cuestión, tal y como ya había mostrado en su informe inicial el Ministerio Fiscal.
“Cuando los dos lugares”, señala Andreu, “sean distintos, la competencia corresponderá al juez de cualquiera de ellos, pues en todos y cada uno se debe entender cometido el delito  y por lo tanto el que haya iniciado las diligencias deberá continuar conociendo de las mismas”. En todo lo sucedido el 6-F quien las inició fue el juzgado número 6.
La Audiencia Nacional insiste en que “cualquiera que sea la postura de la que se parta, ya se hubiere producido el fallecimiento de los inmigrantes en España o en Marruecos, y aplicando la doctrina existente de la ubicuidad, es el mantenimiento de la competencia del juzgado de instrucción de Ceuta” el que prevalece. Esto sin perjuicio de la decisión que pueda adoptarse si durante la fase de instrucción surgieran nuevos elementos que desvirtuaran los presupuestos considerados como fundamento de esta resolución.
Al tratarse de una resolución no firme, la magistrada titular del número 6 puede plantear conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo.

Sáez de Santamaría atribuye las muertes a las mafias

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, consideró ayer que "las mafias" son "los responsables" de la muerte de las 15 personas cuando intentaban alcanzar a nado la playa del Tarajal hace un año, pues tienen la culpa de que sucedan este tipo de tragedias. "Tenemos que tomarnos muy en serio esa lucha contra las mafias porque sencillamente son los responsables ni más ni menos de que esto se produzca", aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros preguntada por el hecho de que un año después del suceso, aún no se hayan depurado responsabilidades.
Sáenz de Santamaría incidió en que "uno de los principales objetivos que tiene el Gobierno en su trabajo contra la inmigración irregular es fundamentalmente, acabar con la mafias".
"Son las responsables de que al final tengamos en nuestras fronteras y en las de los otros Estados miembros, sucesos como este tan tortuoso que vivimos hace un año y que se siguen viviendo en todo el Mediterráneo. Es un esfuerzo compartido, tenemos que tener el compromiso de la Unión Europea . Somos frontera sur, una frontera muy importante", señaló a los medios, mostrando su respeto por la investigación abierta.