La presión que hace cinco meses sufrieron las fronteras de Ceuta y Melilla con la llegada masiva de inmigrantes llevó al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a anunciar un protocolo de intenciones para, contando con el beneplácito marroquí, buscar unas devoluciones más rápidas de los inmigrantes.
Aquello se quedó en un compromiso que debía ser matizado. Desde entonces no se ha avanzado salvo en las formas y en la variabilidad de comportamientos que llevan a cabo las fuerzas de seguridad de Ceuta y de Melilla, encargadas de contener la inmigración a golpe de impacto.
Pues bien. Ha sido ahora la formación UPyD la que ha vuelto a darle actualidad a este asunto al registrar una proposición no de Ley en la que la pide al Gobierno un “sistema ágil y eficaz” en colaboración con Marruecos que permita los retornos de los extranjeros entrados ilegalmente dentro del marco jurídico aplicable.
La propuesta del grupo parlamentario aboga por “actualizar” el acuerdo de readmisión hispano-marroquí de 1992, que entró en vigor sorpresivamente en 2012, veinte años después, y que facultaba a las autoridades españolas a devolver a Marruecos en un plazo de diez días a quienes hubieran entrado clandestinamente en España desde ese país.
Este tratado exige una petición formal para poder entregar inmigrantes ilegales en fronteras, siempre que sean identificados y haciendo uso de los puntos elegidos por ambos países.
UPyD considera que de esta forma se puede crear un “sistema eficaz y ágil” que permita los retornos, la obtención e intercambio de información dentro del marco jurídico aplicable, en el ámbito del acuerdo entre España y Marruecos.
El acuerdo hispano-marroquí establece en su capítulo primero que “las autoridades fronterizas del Estado requerido remitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente, a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del Estado requerido”. Con la aplicación de este acuerdo España pretende no tener la presión que existe en la actualidad, aunque su aplicación, como ahora reclama UPyD, depende del clima de cooperación que haya a ambos lados.
La devolución de inmigrantes se debería llevar a cabo tras cursarse una petición formal, descartándose las devoluciones a pie de valla, y siempre que se pruebe, por cualquier medio, que el extranjero cuya readmisión se solicita proviene efectivamente del territorio del Estado requerido. La entrega del inmigrante se haría reflejándola por escrito y recogiendo la identidad del mismo, además de garantizando que el inmigrante es devuelto a su país de origen.
En febrero, poco después de la muerte de 15 subsaharianos en su intento de llegada al Tarajal, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, propuso a su homólogo marroquí, Mohamed Hassad, articular un “mecanismo coordinado” por el que se procediera a la devolución inmediata de quienes entren de forma “violenta o flagrante” en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
UPyD reclama que se madure dicho acuerdo y se ponga en práctica siempre que se respete la legalidad vigente. Además, la formación de Rosa Díez pide al Gobierno que se dirija a la Unión Europea para solicitar una mayor implicación de las instituciones comunitarias en la gestión y prevención del fenómeno migratorio que sufren los países receptores como España, a través de las fronteras sur de Europa, Grecia, Italia y Malta.
En concreto, la formación propone que FRONTEX preste ayuda a los estados miembros que sufran “una presión específica y desproporcionada”, a través de una asistencia técnica y operativa en sus fronteras exteriores y la organización de operaciones de retorno conjuntas. En su opinión, la inmigración irregular que soporta España “no puede considerarse un problema de índole estrictamente nacional”, sino que es necesario enfocarlo en todo el contexto europeo.
UPyD cifra en 400.000 el número de personas que entran anualmente de manera irregular mediante las fronteras de España, Italia, Grecia y Malta al territorio comunitario, según datos de International Centre for Migration Policy Development.
El ministro de Interior, mañana de visita en la ciudad de Melilla
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, estará mañana en Melilla siendo ésta la segunda de las visitas que gira en lo que va de año. El objetivo de Fernández Díaz es conocer de cerca la situación que en materia migratoria está sufriendo la ciudad autónoma, cuyo perímetro sigue siendo objeto de intentos de entrada masivos de subsaharianos. El CETI, después de que se haya permitido la salida de un millar de acogidos, sigue estando bajo presión, teniendo más personas del número de plazas posibilitadas. La idea de Fernández es comprobar in situ la operatividad de la malla antitrepa y conocer la situación que en materia de seguridad se produce ahora en Melilla. Aquí, el último intento de entrada masiva fue en marzo.