El proceso de escolarización y admisión de alumnos suele ser duro y problemático porque siempre hay familias y niños que no están conformes con el reparto. Recientemente el TSJA realizó una sentencia en la que apoyaba a la Comisión de Escolarización durante el proceso desarrollado en el curso 2007/2008, momento en que varios padres se quejaron y llegaron hasta la vía judicial para reclamar lo que entendían como justo, que sus hijos fueran a un determinado centro.
Pues bien, este no ha sido el único curso conflictivo. Según recoge el Defensor del Pueblo de un informe reciente sobre su actividad durante el año pasado, hubo una queja por el proceso de admisión de alumnos del curso 2009/2010. Según relata, una familia solicitó plaza escolar para su hija en el mismo colegio público en el que estaba escolarizada su hermana mayor. La misma fue denegada.
El problema en este caso surge de la modificación del área de influencia del centro docente, ya que hasta ese curso incluía el domicilio de la familia en cuestión. Este cambio impidió la obtención por parte de la alumna de la puntuación establecida en el criterio de proximidad y provocó que el resultado de la solicitud fuera negativo. El Defensor del Pueblo explica que “en el baremo primó de manera muy significativa el criterio de admisión de proximidad domiciliaria, aumentado hasta seis puntos”, cuando antes sólo eran cuatro puntos. El Defensor del Pueblo se dirigió al Ministerio para conocer los motivos de esta modificación y la respuesta que recibió “sólo mencionaba el Real Decreto 1635/2009, de 30 de octubre”. Curiosamente, la entrada en vigor del citado decreto se produjo el día 4 de noviembre, tras ser publicado en el BOE, es decir, “con posterioridad a las fechas en que se desarrolló el proceso de admisión de alumnos”. Por todo ello, el Defensor entiende que el proceso “no se produjo atendiendo al baremo establecido en la normativa que debía estimarse vigente (...) sino en base a la aplicación de un baremo diferente carente de base normativa alguna”.
La Secretaría de Estado de Educación entendió como “ajustada a derecho” la actuación administrativa y no atendió las resoluciones del Defensor del Pueblo.
Los problemas de la escolarización
Los problemas y quejas sobre el proceso de escolarización han sido múltiples durante los últimos años. Los padres han recurrido a todas las vías para intentar que se reconociera lo que ellos entienden que es su derecho y el de sus hijos. De momento, tanto la Justicia como la Administración siguen apoyando las resoluciones de las Comisiones de Escolarización. Los procesos que se han abierto en contra de dicha resoluciones han terminado en batacazo, por lo que los padres se han tenido que conformar.
