‘La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, problemática de investigación y nuevos retos’. Este es el título de la ponencia que ofrecerá este viernes, a las 12.30 horas, la fiscal adjunta de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez Álvarez. Un asunto complejo, de actualidad, que requiere de mucho esfuerzo común.
–¿Cuáles son las claves que va a abordar en su conferencia?
–En la charla pretendo abordar el fenómeno de la trata de personas como la forma de esclavitud del siglo XXI, desde un enfoque sociológico y jurídico, referenciando las causas de su aparición, las claves para su erradicación y las dificultades que presenta la investigación de esta forma delictiva, así como especialmente los avances realizados y los retos que de futuro tenemos que superar, sin olvidar la relevancia de la protección a las víctimas.
–¿Son necesarios más recursos para una investigación más efectiva?, ¿se dispone de una maquinaria judicial y policial suficiente para abordar este asunto con la contundencia debida?
–Siempre hacen falta más recursos para investigar las conductas delictivas, máxime en supuestos como este en los que existe una clara vinculación con la delincuencia organizada transnacional, pero especialmente necesitamos utilizar e implementar las herramientas de cooperación internacional y aquellas relacionadas con las nuevas tecnologías.
En nuestro país, se cuenta con un cuerpo de jueces y fiscales preparados y capaces. Dentro del Ministerio Fiscal se encuentra la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado, formada por un fiscal de Sala (D. Joaquín Sánchez-Covisa) y dos fiscales adscritos (D. Luis Lafont y yo misma), especializada en materia de trata y tráfico de personas, que realiza una función, a nivel central, de asesoramiento, asistencia, coordinación y comunicación inter y extra orgánica en relación a los temas referidos, contando asimismo con un fiscal delegado de Extranjería en cada provincia (algunos de ellos asistidos por otros compañeros), así como de enlaces en las Fiscalías de Área; ello supone, que en esta materia, la Fiscalía dispone de un equipo especializado y formado, dedicado a la investigación y lucha contra la trata de seres humanos, que se renueva constantemente con cursos formativos.
Respecto a jueces y magistrados, si bien no existe una especialización concreta en materia de trata, me consta que se está intentando implementar desde el CGPJ, consciente de la gravedad e importancia del delito que nos ocupa, la formación de los mismos en este terreno, con cursos y jornadas, siendo de reseñar la publicación en diciembre del pasado año de la ‘Guía de Criterios de Actuación Judicial Frente a la Trata de Seres Humanos’, dirigida a jueces y magistrados, que fue elaborado por un grupo de expertos en la materia procedentes de diferentes sectores, que trabajó durante más de un año en su elaboración.
Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto el CNP como Guardia Civil, así como determinadas policías autonómicas con competencias en la materia (Mossos D’Esquadra y Ertzaintza), cuentan con grupos especializados en materia de trata de personas, bien formados y eficaces, que trabajan en coordinación cada vez mayor con jueces, fiscales y organizaciones de protección de víctimas, si bien, sería necesario aumentar notablemente sus efectivos para obtener mejores resultados en la lucha contra esta lacra.
–¿Se sitúa nuestro país como destino ‘preferente’ para la comisión de este tipo de delitos?, ¿se está preparado para una lucha a todos los niveles o quedan muchos vacíos?
– España es evidentemente un país de destino preferente (también de tránsito) de víctimas de trata con fines de explotación sexual por múltiples y variadas razones (situación geográfica, desarrollo económico, clima, turismo…). Solo se podrá evitar continuar en esta situación si se realiza una labor de prevención eficaz, de concienciación y sensibilización, dirigida a la ciudadanía en general y a los profesionales en particular, se adoptan medidas para desincentivar demanda y sobre todo, se penaliza el proxenetismo en todas y cada una de sus formas de una manera clara y contundente.
–Popularmente se tiende a equiparar la trata de seres humanos con la prostitución o el tráfico de personas, ¿hay una publicidad de conceptos erróneos?, ¿qué se puede hacer para mejorar?
–Existe una gran confusión entre trata de seres humanos, tráfico de migrantes y prostitución, sin embargo, si bien tales fenómenos están relacionados en ocasiones, evidentemente no son lo mismo y puede llevar a soluciones inadecuadas en el abordaje de la persecución de las conductas delictivas. Sería necesario aumentar la formación y la información sobre estos extremos para que todos/as tuviéramos claros los conceptos, las semejanzas y las diferencias.
–¿Estamos ante una situación de cierta inseguridad a la hora de interpretar determinados delitos vinculados a la trata?
–No creo que haya una situación de inseguridad jurídica, los tipos en mi opinión están bien diferenciados en nuestro Código Penal y las penas atribuidas al delito de trata son adecuadas y proporcionadas. Lo único que considero inadecuado y que debería ser objeto de una profunda reforma legislativa es la regulación del proxenetismo (según mi criterio, como ya he dicho anteriormente, debían de estar penalizadas todas las formas de proxenetismo sin excepción, esto es, cualquier forma de lucro obtenido por la prostitución ajena) y de otros delitos de explotación (como los trabajos y otras actividades forzadas y la esclavitud).
–¿Ceuta, al igual que Melilla, son puntos en los que los delitos vinculados a este ámbito se dan con mayor asiduidad? Hay algunos sectores que piden especificidades en el Código para algunos territorios, ¿es usted partidaria de ello?
– No hay ningún tipo de especialidad legislativa en relación a Ceuta y Melilla, otra cosa es el abordaje que se realice a través de planes regionales. En cualquier caso, estas ciudades son un punto ‘caliente’ en materia de Tráfico de Migrantes, no de Trata de Seres Humanos.
–¿Considera que existe cierto buenismo en cuanto a las penas por estos delitos contempladas en el Código Penal?, ¿debería existir un endurecimiento de las mismas?
–En este punto se está confundiendo Trata de Seres Humanos y Tráfico de Migrantes. Las penas señaladas para el delito de trata de personas, como ya he indicado, son penas elevadas y proporcionadas a la gravedad del delito, máxime si se toman en consideración las formas agravadas, los concursos delictivos que casi siempre concurren y el hecho de que hay un delito de trata por cada víctima. En mi opinión no se trata de endurecer las penas asignadas al delito de trata de personas, sino de: realizar una labor de prevención, sensibilización y concienciación; implementar los medios y recursos materiales y personales dedicados a la investigación y persecución del delito y a la protección de las víctimas; regular adecuadamente los delitos de explotación, (penalizando cualquier forma de proxenetismo, así como los trabajos y otras actividades humanas forzadas, la servidumbre y la esclavitud).
–¿Qué cambios son necesarios para evitar que sea un reto imposible (o casi) probar la vulnerabilidad de la víctima ante casos de explotación?
– Es un problema de formación, información, concienciación y sensibilización, hay que entender que más allá de la violencia física y de las cadenas materiales, existen cadenas muy potentes derivadas de situaciones de penuria y labilidad económica, familiar, personal y/o cultural, incluso religiosa, que colocan a la víctima en una situación clara de inferioridad de la que se abusa.
–¿La acción penal se debe extender también al último eslabón de esa cadena?, es decir, ¿a quién ‘consume’ prostitución?
– En mi opinión, la acción penal debería extenderse a cualquier forma de proxenetismo, (cualquier lucro obtenido de la prostitución ajena) y, al menos, a los clientes de los proxenetas.
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