Un tribunal de la ciudad marroquí de Tánger ha dictado una sentencia histórica en la justicia del país, dictando la decisión pionera de sustituir una pena de prisión firme por el uso de un brazalete electrónico.
Según ha indicado el medio de comunicación del país vecino Rue20, este hecho, que se da por primera vez en el reino alauita, reemplaza seis meses de encarcelamiento y se enmarca en la ley 43.22 sobre penas alternativas, vigente desde agosto de 2024.
Esta nueva sentencia marca la entrada en funcionamiento de un sistema que prevé cuatro medidas alternativas al encarcelamiento: trabajo de interés general, vigilancia electrónica, restricciones específicas y multa diaria.
Asimismo, “según el director de acción social y cultural para los reclusos, Marruecos dispone ya de 650 brazaletes listos para su uso”, informan desde el tabloide marroquí.
La infraestructura tecnológica incluye una plataforma nacional de vigilancia a distancia ubicada en Rabat, y 58 de los 74 centros penitenciarios del país ya cuentan con unidades especializadas para la gestión de estas sanciones.
“El rigor en la aplicación de la ley es crucial para el éxito del sistema” detallan, ya que cualquier violación de las condiciones de uso del brazalete implica el retorno inmediato a la pena de prisión original.
En este sentido, desde Rue20 explican que abogados consultados insisten en la necesidad de “tolerancia cero” para mantener la credibilidad del sistema.
El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, en respuesta a una pregunta parlamentaria el 2 de abril de 2025, calificó la introducción de los brazaletes como una “prueba decisiva” para la modernización de la política penal y la reducción de la reincidencia.
Desde el 22 de agosto de 2025, se han dictado 29 sentencias bajo el nuevo marco de penas alternativas, incluyendo trabajo de interés general y multas diarias.
“La medida llega en un momento crucial para el sistema penitenciario marroquí, que enfrenta una sobrepoblación cercana al 130% de su capacidad, según el informe de actividades de 2023 de la Delegación General de la Administración Penitenciaria (DGAPR)”, comentan.
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