El Juzgado de lo Contencioso, que estudia el recurso presentado por el Ministerio de Defensa contra la Ciudad Autónoma de Ceuta al imponer una sanción de 1,5 millones de euros como responsable del incendio que tuvo lugar en La Tortuga en octubre de 2015, ordenó a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad que no aplicara la sancion hasta que no se produzca el fallo del mencionado recurso y que lo dejara en suspenso.
Hay que recordar que el Gobierno autonómico, en ningún momento, respondió a las alegaciones que Defensa hizo contra la mencionada sanción y durante varios meses se estuvo estudiando el expediente sin que se concluyera. Ante la espera, el Ministerio decidió presentar este recurso ante el Juzgado de lo Contencioso.
El Gobierno impuso una multa de 1,5 millones de euros al Ministerio de Defensa como responsable de una “infracción muy grave” que el 5 de octubre de 2015 derivó en un incendio forestal causado durante un ejercicio militar de tiro que calcinó más de 30 hectáreas de la mayor zona verde de la ciudad autónoma en el conocido como Monte de la Tortuga.
La Consejería de Medio Ambiente paralizó la instrucción del expediente informativo y sancionador abierto por el incendio hasta que el Juzgado Togado-Militar cerrase una investigación al respecto que concluyó, a finales del año pasado, con su archivo. Contra la resolución adoptada por el Ejecutivo autonómico el Ministerio puede interponer recurso de reposición o impugnarla en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
El incendio forestal se inició durante unos ejercicios militares de tiro con balas trazadoras efectuados por efectivos de La Legión y se mantuvo activo durante 36 horas, asolando más de 30 hectáreas de “alto valor ecológico” en García Aldave pese a la intervención de medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente y el desplazamiento desde la península de 65 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Caballas llevó el suceso al Juzgado de guardia al entender que los militares podían haber cometido una infracción con responsabilidades penales contemplada en el artículo 67 de la Ley de Montes en los apartados en los que se refiere a “la corta, quema, arranque o inutilización de ejemplares arbóreos o arbustivos de especies forestales, salvo casos excepcionales autorizados”, y al “incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de los particulares, así como su ocultación o alteración”.
Además, Ali alertó de que la Comandancia General militar también podría haber vulnerado “la normativa específica que contempla las precauciones necesarias en el desarrollo de esta actividad y que, al parecer, en este caso no se siguieron”, en concreto la Directiva 42/2010 de Defensa para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales en los Campos de Maniobras y Tiro.
El Ministerio de Defensa asumió 48 horas después de declarado el fuego que “todos los indicios” apuntaban a que, “a pesar de las precauciones adoptadas”, los “ejercicios de tiro” en el Campo de El Renegado que estaba realizando una de sus unidades habían causado las llamas, que se originaron en terrenos de titularidad castrense. Además, se comprometió a repoblar la zona “en cuanto fuera posible”, circunstancia que aún no se ha hecho.
Las claves
RETRASO
Tres años y no hay una solución.
Muchas han sido las idas y las venidas por los Juzgado, pero lo cierto es que han pasado más de tres años desde que se produjo el mencionado incendio y aún no hay una decisión definitiva a pesar de la sanción impuesta por la Ciudad Autónoma de Ceuta.
CLARIDAD
La Ciudad tenía muy claro el responsable
Una vez que por parte del Juzgado Togado Militar se archivó la causa, la Ciudad Autónoma de Ceuta decidió la sanción por valor de 1,5 millones de euros. Por parte de Defensa se produjo un recurso que todavía no ha sido contestado. Ante la tardanza no han tenido más remedio que presentar el recurso ante el Juzgado de lo Contencioso.
SUSPENSIÓN CAUTELAR
Hasta que haya pronunciamiento
El Juzgado de lo Contencioso comunicó a la Ciudad Autónoma que no fuera a cobrar esa sanción hasta que no haya un pronunciamiento definitivo por parte de la administración de Justicia. Le indicaba que al ser otra administración no existía ningún peligro de que pudiera inhibirse de su abono. Por tanto, habrá que esperar todavía un tiempo.
Universidad
Profesor de La Coruña
Es profesor universitario en la Universidad de La Coruña y también ha estado en Barcelona a los comienzos de su actividad docente.