“Se habla constantemente sobre la llamada ‘politización de la Justicia’. Cierto es que, en la actualidad, los partidos tienen un relevante papel en el nombramiento de miembros del CGPJ...”
Se habla constantemente sobre la llamada “politización de la Justicia”. Cierto es que, en la actualidad, los partidos tienen un relevante papel en el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Asimismo, el Gobierno es el que designa al Fiscal General del Estado. Pero no somos excepción; por ejemplo, en los Estados Unidos de América, el Presidente es quien propone a los miembros del Tribunal Supremo y al Fiscal del Estado, que allí tiene también funciones equivalentes a nuestro Ministro de Justicia, aunque todos han de comparecer ante el Senado para obtener su refrendo.
En USA resulta normal que cualquiera de estos nombramientos recaiga en un conservador cuando gobierna el partido republicano, o en un progresista cuando lo hace el partido demócrata. Sucede, sin embargo, que mientras allí nadie llega a rasgarse las vestiduras, aquí suelen organizarse las protestas más virulentas cuando, simplemente, se sospecha que, en el campo de la Justicia, alguien se ha dejado influir por presiones gubernamentales. Sea o no cierto, no falta la consiguiente trifulca.
“¡Hay que despolitizar la Justicia!” claman insistentemente los medios informativos. ¿Qué quieren quienes así gritan? Porque ni siquiera suprimiendo la intervención partidista en los nombramientos, lo cierto –e inevitable- es que cada juez o cada fiscal tenga sus preferencias políticas, Eso no hay quien lo evite, porque va con la naturaleza humana. Hay jueces y fiscales conservadores y hay otros progresistas; muy difícilmente podríamos encontrar alguno absolutamente apolítico. Son, ante todo, ciudadanos como los demás, con su lógica tendencia ideológica. Las propias asociaciones profesionales españolas de jueces y fiscales son consideradas de una u otra parte, es decir, o progresistas o conservadoras.
Hace tan solo unos días, conversando con un buen amigo, sacerdote por más señas, surgió esta cuestión, y al final llegamos a una conclusión: el ideal para terminar con la polémica sería que la Justicia estuviese en manos de espíritus puros, en definitiva, de ángeles, y como eso no es posible, pues habrá que asumir la realidad: esta situación es inevitable.
Me consta que una gran mayoría de los jueces y de los fiscales españoles se esfuerza en actuar con total imparcialidad, poniendo siempre la ley y el Derecho por encima de sus inclinaciones políticas, pero también hay una minoría que no logra impedir que “eles vea e plumero”, como vulgarmente se dice. Andan por ahí algunos casos que se vienen peloteando de un tribunal a otro, porque el gobierno de turno trata de llevar el ascua a su sardina.
Otras veces, sin embargo, la actuación del juez o del fiscal resulta, cuando menos, propensa a llamar la atención de los diversos medios informativos para así llegar al público en general. Son aquellos que gustan de dar publicidad a sus distintas decisiones; los que, al menos en apariencia, no consiguen evitar la influencia de sus ideas políticas; aquellos que tratan de ser conocidos como “jueces estrella”; los que, al parecer, no pueden mantener el secreto de las actuaciones: los que filtran o dejan filtrar. Sobreactúan, toman medidas desproporcionadas dejando a los pies de los caballos a personas que, a consecuencia de ello, pierden -por un lado- su pleno derecho a la presunción de inocencia y por el otro –lo que aún es peor- su prestigio y buena fama; algo muy difícil de recuperar. Generalmente, esos jueces y fiscales gustan de imputar una larga serie de posibles delitos ante conductas que pudieran constituir leves infracciones de lo previsto en un artículo del Código Penal,
Desde que se introdujo en el referido Código la figura de la “organización criminal”, pensé que esta última palabra iba a causar, ante la opinión pública y en la gran mayoría de los casos, un efecto demoledor. Vistas sus consecuencias, creo que la palabra “criminal” debería sustituirse por “delictiva”, como, por ejemplo, dice la Declaración de la ONU de 2004 sobre la delincuencia transnacional. En la mente del ciudadano medio, eso de “criminal” evoca inmediatamente imágenes de la mafia, de “El Padrino”, de Al Capone y de Chicago años 20, con unos sicarios armados de metralletas y disparando a los de otra “organización criminal”. Lo mismo digo de “grupo criminal”, aunque ésta tenga menos peso que la otra.
Estoy seguro de que no nos libraríamos de las diferentes posiciones ideológicas ni siquiera en la hipótesis de que fuesen los propios jueces y fiscales quienes eligieran libremente a los altos cargos que ahora se nombran, directa o indirectamente, por los partidos políticos. Total; que cómo los ángeles no van a bajar para vestir severas togas con puñetas, desplazando a los humanos en la difícil tarea de acusar y de juzgar, nunca resultará posible evitar que la política entre por debajo de la puerta de los tribunales.
Está visto que cuanto deriva de nuestra propia naturaleza es, como mínimo, sumamente difícil de superar. Por eso merece un fuerte aplauso esa mayoría de jueces y fiscales que lo consiguen, y un duro rechazo los que no. Aquellos –como pienso que debe ser- seguirán siendo anónimos ante la opinión pública, mientras que los otros se darán el gusto de ver publicado su nombre una y otra vez, lo que no cabe duda que les agrada.
Así de ingrata puede ser la vida.